Infrahumanas condiciones de vida en las cárceles.
vida en las cárceles.“No solo con más cámaras y más patrulleros se previenen los delitos. El grado de degradación al que se somete a los reclusos genera que haya mayor violencia en las calles”. Esa fue alguna de las dramáticas definiciones que diera el vicegobernador Gabriel Mariotto, en un informe publicado esta semana por Democracia, con la firma del periodista Andrés Klipphan, que reproducimos.
Un informe del semanario Democracia revela porqué cada vez se fugan más presos. El Estado deplorable de las unidades carcelarias, torturas y corrupción en el sistema penitenciario. La mayoría de los detenidos son jóvenes de clases bajas y escasa instrucción. Más del 60 por ciento no tiene condena firme. Una investigación para comprender lo que sucede y lo que hay que hacer para evitar que el sistema carcelario termine de estallar.
Todas las fugas son planificadas. Es decir que los detenidos pagan a los penitenciarios y a los policías una coima para fugarse de un penal o una comisaría para volver a delinquir. Los delitos en las calles son cada vez más violentos porque en los penales de la provincia de Buenos Aires impera un régimen siniestro similar al de la última dictadura militar.
Las unidades penitenciarias son los huevos de la serpiente de la inseguridad. La vida en una cárcel tiene el valor de diez pastillas de psicofármaco: es lo que le dan los penitenciarios a un recluso para que asesine a otro con una faca entregada por el propio Servicio Penitenciario.
En penales bonaerenses se descubrieron desarmaderos de autos. Los vehículos eran robados por los presos a los que liberaban por la noche para que fueran a robar. Actualmente hay connivencia de la policía con el delito; del SPB con el delito; de la Justicia con la policía y con el delito y de la política con la policía, con la Justicia y con el delito.
Estos cruces de connivencia corruptos son los que más complican la seguridad en la sociedad. El total de detenidos en la provincia de Buenos Aires: 29.457 en 54 penales. Es una tasa de 186 internos cada 100.000 habitantes, más alta que la media nacional, que ronda los 150 cada 100.000. El 42% tienen entre 25 y 34 años.
La provincia de Buenos Aires tiene la tasa de detenidos más alta del país. El 44% de los presos de Buenos Aires son desocupados y más del 98% pertenecen a sectores pobres. La forma de disciplinamiento interno es la tortura. Se trata de prácticas que están naturalizadas para los agentes penitenciarios, son sistemáticas y se aplican a todas las personas que están en prisión. Van desde los golpes propinados a mansalva y sorpresivamente para atemorizar a pabellones “rebeldes” a golpes específicos y brutales, pasando por falta de atención médica ante situaciones de pérdida de salud visiblemente graves, asfixia-submarino, puntazos, hacinamiento, falta de alimentación, sin lugar donde hacer necesidades básicas, sin agua.
Dentro del SPB mueren diez presos por mes. Las cárceles son el huevo de la serpiente de la inseguridad, que se traslada a las calles una vez que salen. Lo que sucede en las unidades penitenciarias marca los niveles de violencia en los robos y otro tipo de delitos. Los ex presos que reinciden, y ni que hablar los que se fugan, antes de volver al presidio matan a alguien.
La breve síntesis que acaba de leer es apenas un adelanto de la investigación que a partir de este momento vamos a desarrollar, que está basada en informes oficiales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y en entrevistas propias realizadas entre otros a Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Mariotto, junto a integrantes del CELS, del Senado provincial, de la Comisión Contra la Tortura y docentes de la Universidad de San Martín entre otros, realizó investigaciones en varias unidades penitenciarias dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cuya cúpula fue renovada después de una serie de bochornosas fugas de presos, alguno de ellos inclusive a bordo de un auto de alquiler que los esperaba en la esquina, o supuestamente saltando un alambrado perimetral de tres metros de altura previa construcción de un túnel que nadie advirtió.
Esta investigación surgió después de que dos delincuentes tomaran como rehén a una familia en la localidad bonaerense de Tortuguitas. Uno de ellos, Marcelo Ameijeiras Ríos, el que apareció ante las cámaras apuntando un revólver calibre 38 a la sien de una mujer, se había fugado por el techo de la Comisaría 1ª de Moreno el 9 de septiembre pasado, junto a otros cinco detenidos, después de pagarle5.000 pesos al policía que estaba de guardia. Es el mismo delincuente que en 1999 había sido condenado a prisión perpetua por asesinar a sangre fría a un joven de 22 años a punto decasarse; el crimen lo cometió durante las salidas transitorias que le otorgó una jueza.
Ameijeiras Ríos purgaba una condena de 6 años de prisión por un violento robo a mano armada y antes de eso se había fugado de una prisión bonaerense durante una revuelta organizada entre algunos presos y penitenciarios para favorecer la evasión de peligrosos reclusos. La fuga se inició después de que un integrante del SPB, supuestamente borracho, comenzara a disparar contra algunos presos, varios de los cuales resultaron heridos.
Una de las frases más notorias desgranadas durante la serie de entrevistas realizadas para este informe la pronunció Mariotto, y es la siguiente: “Desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo estamos tratando de implementar políticas para romper la actual connivencia de la policía con el delito; del SPB con el delito; de la Justicia con la policía y con el delito y de la política con la policía, con la Justicia y con el delito. Estos cruces de connivencia corruptos son los que más nos alertan y más complican a la seguridad en la sociedad argentina”.
Para quien escribe estas líneas, la del vicegobernador es una de las declaraciones más fuertes que se han escuchado de boca de un funcionario de jerarquía. El sistema sin duda fue heredado a través de décadas de inacción de políticas desacertadas sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Para ser absolutamente objetivo con este inmenso problema, durante la segunda gobernación de Eduardo Duhalde, el ministro León Arslanian (impulsor de una fenomenal reforma y purga de la entonces llamada “maldita policía” Bonaerense) intentó realizar una profunda cirugía sobre el SPB, pero con la llegada de Carlos Federico Ruckauf el 10 de diciembre de 1999 a la gobernación, bajo el lema “bala a los delincuentes”, la incipiente reforma volvió atrás y las oscuras noches de palazos y picana a los presos y corruptela entre los penitenciarios volvió a prevalecer.
Las fugas en números
Las casi diarias e increíbles fugas de detenidos pusieron una vez más el ojo de la sociedad y de los funcionarios sobre el sistema penitenciario. Máxime al comprobarse que apenas el 25 por ciento de los presos (con suerte) son recapturados, y cuando esto ocurre, la mayoría de ellos caen durante un acto delictivo, como por ejemplo el robo de un banco, de un kiosco o, como en el último caso, en una toma de rehenes derivada del intento de robo a una casa.
Solo en la provincia de Buenos Aires y en lo que va de este 2013 se fugaron 107 presos de cárceles y comisarías. Es el mayor número de evasiones en la historia del SPB. Según los datos que constan en la Procuración General y a los que accedió “Democracia”, desde 1998, año en que Eduardo Duhalde intentó hacer una profunda reforma policial, judicial y del SPB después del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias José Luis Cabezas, solo en el Departamento Judicial de La Plata (que incluye los municipios de Ensenada, Berisso, Magdalena, Brandsen, Punta Indio,Saladillo, Roque Pérez y Lobos) se registraron 577 causas vinculadas con episodios de fuga de presos, de las cuales tan sólo 14 llegaron a instancia de juicio y apenas seis de ellas tuvieron sentencia condenatoria contra el preso que escapó y contra los penitenciarios que posibilitaron el escape.
La información acumulada revela que de esas 577 causas abiertas por los delitos de “evasión” y “tentativa de evasión” 298 fueron archivadas, 243 están en etapa de investigación, 16 fueron elevadas a juicio pero aún sin fecha, 14 fueron debatidas en audiencias públicas, y de esas en solo 6 casos hubo condenas leves. Tan leves que ninguno de los penitenciarios involucrados en la fuga de presos terminó encarcelado.
El dato es lastimoso. Quiere decir que tan solo el 1,039% de los expedientes por evasión o intento de fuga llegaron a tener condena. Prácticamente nada. Lo que explicaría, en parte, por qué cada vez son más los presos que se escapan. Y otro dato no menor: en ninguna de esas condenas a los penitenciarios encontrados culpables por hechos de corrupción se los obligó a devolver el dinero pagado a modo de soborno por los internos. Una vergüenza.
En este punto vale aclarar que cada expediente abierto se trata de un hecho en el que participaron uno o varios reclusos fugados. Es decir que si en una evasión se escapan 13 detenidos, se abre un solo expediente y no 13.La menor cantidad de causas abiertas por escape de internos ocurrió en 1999, con cinco fugas, mientras que hasta el 15 de noviembre pasado se abrieron 107 investigaciones por fugas. Un dato único. Hasta ahora el récord de evasiones había ocurrido en 2009, con 64 causas abiertas.
“El huevo de la serpiente”
Gabriel Mariotto y una de sus asesoras, Martha Arriola, conocen y muy bien al Servicio Penitenciario Bonaerense. Como vicegobernador de Buenos Aires y titular de la Cámara de Senadores, encabezó un recorrido a lo largo de varias unidades carcelarias, entre ellas la 46 de San Martín. Arriola participó de la intervención policial encabezada por Luis Lugones y León Arslanian, y detentó cargos como el de la Subsecretaría de Minoridad.
Es decir que ambos tienen autoridad para expresar sus opiniones sobre un tema tan preocupante. A pesar de eso sorprenden las descarnadas declaraciones que realizaron ante este semanario: “Los institutos de menores y penitenciarías tienen una situación muy compleja. No cumplen con el precepto constitucional de que las cárceles tienen que ser sanas y limpias y tienen que estar acondicionadas para la seguridad y no para la represión”, comienza el ex titular de la Afsca y redactor de la flamante Ley de Medios, y agrega: “En la Unidad 46 de San Martín nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución. Allí corroboramos situaciones que degradan la situación humana en forma muy violenta y que generan más inseguridad, que vuelven más agresivos a los internos”.
–¿Por ejemplo?
–En celdas en las que tiene que haber dos reclusos, hay siete pero con tres colchones. La comida se parece a un barro intragable, y el agua no es potable. No solo por una cuestión básica y de humanidad y respeto a los derechos humanos hay que cumplir como se debe con el precepto constitucional.También para prevenir futuros delitos.
–¿A qué se refiere?
–No solo con más cámaras y más patrulleros se previenen los delitos. El grado de degradación al que se somete a los reclusos genera que haya mayor violencia en las calles. Durante nuestra recorrida por la Unidad 46, los reclusos nos decían que los propios penitenciarios les entregan facas para que los presos se maten entre ellos o se generen disturbios para que se escape algún preso con el que ya estaba todo arreglado, previo pago de una coima, o para que se asesine a alguno que no pagó lo que debía o declaró contra el Servicio Penitenciario o contra algún funcionario. Los presos nos dijeron que allí dentro sus vidas valen diez pastillas.
–Perdón, pero no entiendo.
–Claro, un recluso me decía que los propios los guardias le dieron una faca, y si mataba con eso a otro recluso lo premiaban con diez pastillas de psicofármacos. Ese mismo preso me dijo que él no aceptó el trato porque ya salía, pero otro sí lo hizo. Ahora, si la vida de un preso vale diez pastillas de droga, para esos presos fuera de la cárcel la vida sigue valiendo diez pastillas, porque ese ciudadano privado de su libertad, con tal de no volver a ese lugar de marginación, de humillación y de degradación humana, es capaz de resistir violentamente otra detención, y antes de entregarse a la autoridad, matar a otro. Creo que toda la sociedad tiene que tomar conciencia de que el Estado tiene que cumplir con el precepto constitucional y con la matriz humanitaria de salir de esa situación de injusticia terrible.
Durante la entrevista, el vicegobernador recordó algo de connotaciones siniestras: “A las dos horas de retirarnos de la Unidad 46 asesinaron a un preso con una faca entregada por los penitenciarios.Al asesino lo trasladaron a otra unidad. A la hora de llegar, lo mataron a él. Y con el mismo métodoese mismo día asesinaron a otro joven en la Unidad 1 de Olmos. Es decir que como represalia por nuestra visita, mataron a tres detenidos.
–¿Qué sensación le quedó después de visitar las cárceles bonaerenses. Yo vi las fotos y es tremendo.
–No pude dormir. Pero además de los tres colchones para los siete presos, los alimentos incomibles, los colchones rotos y la suciedad, hay otras cosas igual de graves. Por ejemplo, va un dentista por semana durante una hora, una hora semanal para 500 personas; por eso los presos no tienen dientes y los que les quedan están podridos. Me daban ganas de llorar. Hay ciudadanos con las vesículas terriblemente inflamadas, hinchadas porque no son operados.La degradación humana que se vive ahí adentro hace que la vida en la cárcel no valga nada y el ciudadano que egresa del penal entiende que la vida de nadie vale nada. Esos presos tienen padres, madres, hijos, mujeres, que ven todo eso y se llenan de odio.Que quede bien claro, la violencia que se vive en los penales se traslada indefectiblemente a las calles cuando salen más alienados de lo que entraron, ocuando se escapan. Ya lo vimos el otro día con la toma de rehenes en Tortuguitas. Allí no murió nadie de casualidady por la pericia con la que actuaron las fuerzas policiales.
–¿Y qué propone?
–Hay que reformar el sistema delServicio Penitenciario Bonaerense.Las cárceles deben ser de rehabilitación,no de castigo. Desde el Poder Ejecutivoy el Legislativo estamos tratando deimplementar políticas para romperesa connivencia de la policía con eldelito, del SPB con el delito, de laJusticia con la policía y con el delito yde la política con la policía, con laJusticia y con el delito. Estos cruces de connivencia corruptos son los quemás nos alertan y más complican la seguridad en la sociedad argentina.
“Impera un régimen de terror”
El periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, integró la delegación que junto a Mariotto recorrió la Unidad Penal 46 de la localidad bonaerense de San Martín. Como el vicegobernador, Verbitsky entiende que “Los penales bonaerenses son la matriz que genera la violencia creciente en las calles del país. Lo que pasa en las cárceles marca los niveles de violencia. Si los niveles de violencia son tan altos en la sociedad, en los asaltos, en los intentos de robo, es porque dentro de las cárceles ocurren aberraciones contra sus personas, desde vejaciones hasta torturas. En las cárceles bonaerenses impera el régimen de terror de la última dictadura militar y eso se traslada a las calles”.
El autor de “Robo para la corona” entiende que en la provincia de Buenos Aires “también tiene que cambiar la Justicia, porque al día siguiente de nuestra visita al Complejo Penitenciario Conurbano Norte, un tribunal oral de La Plata absolvió a dos penitenciarios por la violación, tortura y asesinato de un preso cuatro o cinco años atrás. Estaban todas las pruebas y también las pruebas de la manipulación de algunas de ellas, porque en la media hora en que torturaron, violaron y mataron al preso las cámaras de seguridad se detuvieron. En la causa quedó acreditado a través de pericias que este hecho no fue por un problema técnico sino que se apretó el botón de parar la filmación de las cámaras de seguridad para que los penitenciarios actuaran con total impunidad, y sin embargo los jueces los absolvieron”.
Para Verbitsky esto ocurre porque “el Servicio Penitenciario colonizó a la Justicia bonaerense” ya que “hay una buena cantidad de jueces que previamente han pasado por el SPB, y el servicio tiene una política, a través del ministro (de Justicia) Casal, de ir colocando a esos abogados en los tribunales de la provincia de Buenos Aires para garantizar la impunidad y perpetuidad de este sistema de crueldad que genera más y más violencia dentro y fuera de las cárceles”.
Como lo hizo Mariotto, el presidente del CELS recordó que durante la recorrida por el “Complejo Penitenciario Conurbano Norte entregaron al vicegobernador una gigantesca cuchilla y dos facas y acusaron de proveérselas a dos subdirectores de la Unidad Penitenciaria 47, los prefectos Roberto B. Arancibia (de Asistencia y Tratamiento) y José Feliciano Burgos (de Seguridad). Agregaron que con esas armas debían atacar a otro interno, que había denunciado maltratos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.Ese fue el sorpresivo final de la inspecciónque Mariotto realizó acompañado por autoridades judiciales, la Comisión Provincial por la Memoria(CPM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS). En el acto de entrega de las armas también estuvo presente la víctima contra quien debían usarse, Hugo Alberto Cabrera González”.
“Se busca neutralizare incapacitar al preso”
La especialista Martha Arriola, basada en su experiencia en el terreno,relató lo que ocurre no solo en el SPBsino en la generalidad de las cárcelesdel país. Su relato es escalofriante.En forma textual, la ex funcionaria bonaerense le dijo a “Democracia”: “La forma de disciplinamiento interno de los penitenciarios hacia los detenidos es la tortura. Se trata de prácticas que están naturalizadas para los agentes penitenciarios. Son sistemáticas y se aplican a todas las personas que están en prisión. Van desde los golpes propinados a mansalva y sorpresivamente para atemorizar a pabellones ‘rebeldes’ a golpes específicos y brutales dados a quienes hay que castigar más ferozmente, pasando por falta de atención médica ante situaciones de pérdida de salud visiblemente graves, asfixia-submarino, puntazos, hacinamiento, falta de alimentación (hay ejemplos de pérdida de peso muysignificativa), aislamiento (se trata de encierros prolongados en pequeñas celdas en las que pueden estar prácticamente sin ropas, sin lugar donde hacer necesidades básicas, sin agua, donde se los confina para aumentar el castigo; el fundamento es que hay que dar prioridad a laseguridad interna y suelen llevar a esta situación a protagonistas de tensiones o enfrentamientos internos), robo de pertenencias. En los penales hay presencia de ratas, falta de colchones, etc. Se han identificado también golpes en las plantas de los pies o en los oídos.
”La lógica que sostiene estas prácticas implica que quienes están castigados merecen ese trato. Debe devolvérseles en parte el daño causado a la sociedad a través del delito que hayan cometido, y eso se logra provocando intencionadamente dolor y sufrimiento en el preso. Se busca neutralizarlo, incapacitarlo.”
Los datos que aportó Arriola para esta investigación asustan. “En el año 2011 hubo 127 muertesen los penales bonaerenses según el informe de la Comisión por la Memoria (CPM), a razón de diez muertes por mes. Hubo 18 suicidios. Como ejemplo, sobre 54 muertes ocurridas en cárceles del departamento judicial de La Plata, solo 34 tienen causas iniciadas para que sean investigadas, las otras 20 no. Ese mismo año se reportaron casi 10.500 hechos violentos, más de 28 por día. Esos son los informados, lo que indica que se trata de muchos más. De ellos, seis diarios son hechos de represión con empleo de balas de goma”.
“El 56% de estos hechos de violencia corresponden, según informa el SPB, a ‘conflictos entre internos’ y el 28% a conflictos que ‘involucran al personal penitenciario’. Lo que hemos visto es que es el personal penitenciario (o policial, porque en muchas provincias de la Argentina aún no hay escalafón penitenciario y la población carcelaria está en manos de la policía) administra esos conflictos, regula el ingreso y distribución de sustancias prohibidas, llámense drogas o psicofármacos, de objetos punzantes, etc.”
“En las cárceles todo se compra y se vende, llegando a casos como el escandaloso hecho de la Unidad 48 en marzo de 2011, donde se denunció y comprobó que las autoridades del penal sacaban a los presos para delinquir. En el penal funcionaba un desarmadero de autos robados. Justamente en una de las recorridas que hizo el vicegobernador Gabriel Mariotto a la Unidad 48 y a Olmos se verificarían muchas de estas irregularidades. A partir de estas visitas se desató una represalia interna que se llevó la vida de cinco presos.” “En cuanto a las fugas, siempre se planifican.”
“Para crear conmoción social”
Las fugas de presos que son noticias frecuentes en las páginas policiales no son solo patrimonio del SPB; el Sistema Penitenciario Federal también sufre la misma problemática y en esos casos también las sospechas de corrupción rodean cada uno de esos escapes. De hecho, la disparatada fuga de 13 reclusos del penal federal de Ezeiza después de cavar un túnel y saltar el tejido perimetral de tres metros de altura terminó con el desplazamiento del titular del SPF, Víctor Hortel.
Más allá de todas las especulaciones que rodean a la fuga y la suerte de Hortel, creador del cuestionado “Vatayón Militante” que permitía la salida de presos para participar en murgas y bandas musicales, la Justicia investiga si el insólito escape está vinculado a una sórdida disputa entre penitenciarios por supuestos “negocios carcelarios” como la venta de drogas y los sobreprecios en la compra de vehículos, camas y alimentos como ocurrió históricamente, pero a los que Hortel había puesto en jaque despuésde tomar varias medidas administrativas que intentaban poner freno a esos hechos corruptos.
Al menos así lo cree el fiscal de la causa, Adrián García Lois, quien ya le pidió al juez federal Carlos Ferreiro Pella que investigue “la participación del personal” penitenciario en el gran escape. El procurador de Lomas de Zamora consideró que “la fuga no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de los guardias”, por lo que “señaló la responsabilidad penal por evasión culposa de varios funcionarios del Servicio”. Y por su parte, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, indicó que hubo “complicidades” fuera y dentro de la unidad carcelaria.
A pocas horas de su desplazamiento, Hortel le había dicho a la agencia oficial de noticias Télam: “Es una factura que me pasan desde el Servicio por el proceso de transformación que implementamos”; explicó que “el núcleo duro de la fuerza no quiere perder los negocios, las prebendas” y recordó que entre otras medidas pretendió resentir lo que se conoce como “la caja” del núcleo duro del SPF, lo que fue publicado en el Boletín Público Normativo Nº 460 del Servicio Penitenciario Federal el 6 de junio de 2012. Se trató del “Protocolo de procedimiento de control de ingreso y egreso a establecimientos penitenciarios federales”cuyo fin era erradicar, fundamentalmente,el negocio de las drogas que se filtraba en las cárceles.
También, el 17 de junio de 2011, se aprobó la “Guía de procedimientos para el uso de sistemas de detección de trazas en establecimientos penitenciarios”.“El objetivo fundamental de este sistema es detectar el ingreso de elementos no permitidos en establecimientos penitenciarios (estupefacientes,armas, explosivos, celulares,etc.)”, según la resolución D.N. Nº 817.Además, con el objetivo de disminuir los índices de violencia institucional,el 12 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Público Penitenciario Nº 3.023 algo que no fue bien visto por un sector del SPF. Esto es la “abstención de ejercicio de defensa profesional (art. 37 inc. Ñ de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº 20.416)”, por la que se estableció que los abogados del SPF no intervinieran en la defensa de los guardias acusados por torturas.
Ahora todo está en manos de la Justicia. Pero las sospechas de connivencia entre el personal penitenciario y los presos parece un hecho, más allá de las motivaciones.Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, no diferenció el SPB y el SPF cuando opinó que algún sector de la política podría estar detrás de algunas fugas. Deslizó que punteros políticos de algunos intendentes podrían estar vinculados a algunos presos que se fugaron deforma insólita de cárceles y penales.
Berni sostuvo que esas evasiones, y los delitos que cometen los presos escapados, como la toma de rehenes de Tortuguitas, están destinados a “generar conmoción social”.Si bien no aportó datos, los dichos fueron realizados después que el delincuente que tomó de rehén a una familia, incluida una niña de 9 años, dijo ante las cámaras de TV que él mismo había solicitado: “Me escapé pagando de los penales”. Después confesó que de la Comisaría 1ª de Moreno se fugó por el techo después de sobornara la policía “con cinco mil pesos”. También involucró en las fugas al gobernador Daniel Scioli (al que no mencionó por el nombre) y a su ministro de Justicia, Ricardo Casal, a quien también mencionó solo por el cargo.
Tanto uno como otro salieron a desmentir a Marcelo Ameijeiras Ríos y recordaron que es un delincuente condenado por el homicidio de un joven de 22 años y que dice cualquier cosa para mejorar su situación dentro del penal. Scioli, además pidió que lo trasladen al penal de máxima seguridad de Sierra Chica, lugar donde fue alojado el último fin de semana.
Mientras tanto, desde la gobernación bonaerense siguen muy de cerca la presunta vinculación de este asesino con un puntero político vinculado aun importante ex intendente de la zona oeste del Gran Buenos Aires considerado como uno de los “Barones del conurbano”.
–¿Usted cree que detrás de estas fugas y la toma de rehenes de Tortuguitas hay una mano negra de la política?–le preguntó este semanario a Mariotto, y este respondió en forma optimista:
–No lo vinculo a nada coyuntural.Son cuestiones estructurales de connivencia entre Servicio Penitenciario,Justicia y política que van explotando.Cuando hice esta misma acusación después de recorrer la Unidad 46,los jueces, los políticos, salieron a destrozarme, pero ya lo vemos, lamentablemente tenía razón. Pero trabajando juntos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo vamos a dar batalla y ganar.
Futuro
Para la ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad bonaerense y ex subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires,Martha Arriola, uno de los principales objetivos de los funcionarios bonaerenses para mejorar el sistema carcelario es “superar la tortura como método sistemático de disciplinamiento y la perversa realidad descripta” a lo largo de esta investigación.
Para la ex funcionaria esto “implica apostar a un cambio de paradigma que, además, necesariamente debe plantearse para todo el sistema. Es un sistema conformado por cuatro grandes subsistemas: seguridad (policía),Servicio Penitenciario, Poder Judicial (jueces penales) y ministerio público (fiscales y defensores)”. Para la especialista, ninguna reforma funcionará“si no es en el contexto de un plan estratégico que haga de la multiagencialidad (articulación de ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo) el eje vertebrador central. Es decir que hay que sostener un plan estratégico integral en el tiempo”.
La reforma comenzó a destiempo,o mejor dicho antes del tiempo político necesario para desplegarla. Martha Arriola recuerda que en la provincia se iniciaron varias reformas al sistema carcelario, pero todas quedaron truncas porque aún no se había instalado en el país “el proyecto nacional que encabezó Néstor Kirchner. Pienso que una de las razones por las cuales no alcanzó mayor desarrollo la reforma en ese momento fue justamente porque no estaba aún Néstor en el poder”, y destaca que “La segunda etapa de esta reforma penitenciaria y policial en Buenos Aires (2004- 2007) sí se inscribe en el proyecto político nacional que inicia Kirchner, pero convengamos en que había otras prioridades,justamente por concebir la seguridad como un derecho a adquirir cuando se ha avanzado sobre otros”. Destaca que “Será recién en el 2010 cuando Cristina Fernández resuelva la creación del Ministerio de Seguridad de Nación, cuando se dé una señal relevante poniendo en escena la problemática y separando la de la gestión de Justicia y Derechos Humanos”.
Tanto para el vicegobernador Mariotto como para Arriola, la solución a la inseguridad, fuga de presos, corrupción enquistada en los poderes políticos, judicial y policial, no parecen tan complicados. Aunque para nosotros, los hombres de a pie que sufrimos la inseguridad en las calles,esas medidas parecen lejanas.
Dice Arriola: “Pienso que es preciso retomar las banderas de los comienzos de este proceso revolucionario:más gobierno político de la seguridad y la justicia, más democratización de todo el sistema, más proyecto nacional, más humanidad, más medidas alternativas a la privación de libertad porque hay un 62% de presos con prisión preventiva…¡es un disparate! Los penales son ciudades con población y territorio: necesitan buenos intendentes,con pensamiento estratégico, con recursos y equipos de gobierno, que mejoren la calidad de vida de internos y celadores. Que ‘copien’ la línea del proyecto mayor. Se necesitan cuadros, compromiso, mística. ¡Tambiénpara los operadores de la Justicia!”.
¿Será esto posible? La respuesta queda abierta. El desafío para las autoridades también.
El 98 por ciento de los presos son de clase baja
Está claro que la pobreza no es una justificación para que un hombre, una mujer o un menor abracen al delito como forma de ganarse la vida. Sin embargo los detenidos que pueblan las cárceles bonaerenses son mayoritariamente de ese extracto social. También tienen escasa educación. En ambos casos queda claro que el Estado está ausente o en todo caso no se les brindan las herramientas necesarias para abrirse camino por la vida. Hay especialistas que sostienen que en los penales hay mayoritariamente pobres porque no tienen dinero para pagar un buen abogado que los aleje de las rejas mientras se sustancia el juicio en el que se resolverá si son culpables o inocentes.
Como se verá, la mayoría de los detenidos no tiene sentencia firme, y en un buen porcentaje son declarados inocentes después de pasar hasta cuatro años encerrados en condiciones inhumanas.
Las explicaciones son variadas. También las interpretaciones, las razones y las consecuencias. Vale la pena que cada lector tome partido y encuentre sus propias respuestas. Para eso “DEMOCRACIA” acerca a sus lectores las últimas cifras publicadas por el Servicio Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (fuentes: SNEEP) y Ministerio de Seguridad yJusticia de la Provincia de Buenos Aires recopilados en sendos informes de la Comisión por la memoria y el CELS.
El total de detenidos en la provincia de Buenos Aires es de unos 28.000, distribuidos en 56 penales. Esto es una tasa de 186 internos cada 100.000 habitantes. Es más alta que la media nacional, que ronda los 150 cada 100.000.
El informe sobre “Personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires” elaborado por la “Comisión Mariotto” destaca sobre los datos estadísticos que “el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado por el Indec durante el año 2010 estima que la población total de laprovincia de Buenos Aires asciende a 15.625.084 habitantes, de los cuales 27.764 se encuentran alojados bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es decir que el 0,18% de la población se haya privada de su libertad, albergada en los diversos modelos de detención que posee la provincia: comisarías, alcaidías departamentales y penales, unidades carcelarias y el programa Casa por Cárceles. Esto es el índice más alto del país.
El 42% de los internos tienen entre 25 y 34 años, 28% entre y 24, 18% entre 35 y 44 años. Es decir que el 70% de la población carcelaria está entre los 18 y los 34 años. El 62% de los internos tiene prisión preventiva, es decir, no están condenados, están a la espera de una sentencia (que los libere o quede firme), pero mientras tanto la cumplen y en condiciones infrahumanas.
El 28% de los internos tiene primaria incompleta. El 44% terminó la primaria. El 14,4% tiene secundaria incompleta. Es ínfima la proporción de personas con secundario completo. El 7,6% no tiene ningún tipo de estudio.
El 44% son desocupados, el 36% son ocupados de tiempo parcial, el 20% con alguna ocupación de tiempo completo. Más del 98% pertenecen a sectores pobres. Es decir, prácticamente todos.
Fuente: Agepeba
Mabel Maidana, Co Coordinadora Comisión Nicolás Casullo
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