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martes, 30 de noviembre de 2010

PENSAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION PUBLICOS EN EL NUEVO ESQUEMA COMUNICACIONAL

*Ernesto Espeche
 Pensar a los medios de comunicación públicos en el actual escenario latinoamericano es una tarea ineludible para la profundización de los procesos democráticos abiertos en la región.

Desde la intentona golpista al presidente Hugo Chávez en 2002 se evidencia cada vez con mayor claridad el carácter desestabilizador que subyace en las conductas de las corporaciones mediáticas hegemónicas. Los medios gestionados por los Estados nacionales y aquellos ubicados en la órbita de las organizaciones populares adquieren, entonces, una dimensión central en el sostenimiento del cuerpo simbólico asociado a las transformaciones iniciadas a comienzos de la década.

Las radios y la televisión pública tienen, así, un primer desafío: la articulación en materia de producción de contenidos con la enorme y dispersa red de medios populares, alternativos y comunitarios. En ese sentido se inscriben las tareas de capacitación y profesionalización que vienen desarrollando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y las Universidades Nacionales. Este primer acercamiento debe conducir al diseño de un sistema nacional y regional de producción y distribución de materiales de calidad estética y conceptual. Las emisoras públicas pueden, en ese esquema, facilitar los vínculos en cada localidad y asumir las demandas de formación y especialización que surjan de esa dialéctica.

Si los medios corporativizados apuestan por el desgaste de los procesos democráticos, los medios públicos deben, por el contrario, ajustar sus líneas editoriales en función de un gran objetivo estratégico: apuntalar los principales ejes que posibilitaron las trasformaciones experimentadas desde hace algunos años.

En el caso argentino se trata de “filtrar” cada decisión periodística o artística por el tamiz de la integración regional, la soberanía política y económica, la justicia distributiva y el respeto por los derechos humanos desde la memoria, la justicia y el reconocimiento de la diversidad. Perdón… quien siga creyendo en alguna mágica posibilidad de comunicación mediática independiente, neutral o sin filtros ideológicos quizás encuentre cierta tendencialidad en estas palabras, pero no les parece al menos sospechosos que alguien pretenda hablar por un micrófono desde una supuesta verdad absoluta… eso tiene poco que ver con la democracia. En otras palabras, no esconder nuestra posición es definitivamente una actitud liberadora.

De lo anterior se desprende que es necesario iluminar los conflictos que -se vean o no- se desarrollan de modo constante en el seno de todas las relaciones sociales. Poner luz sobre las distintas expresiones significa reconocer explícitamente la puja de intereses que está en la esencia de la vida democrática. Por el contrario, su ocultamiento u oscurecimiento deliberado atenta contra toda posibilidad trasformadora y prefigura un virtual escenario de aparente consenso colectivo vertebrado en un puñado de verdades reveladas. No se trata de potenciar las disputas, sino más bien de aportar desde la comunicación al reconocimiento de las diferentes perspectivas sociales, políticas y culturales como condición para resolver las postergaciones históricas.

Un sistema de medios públicos sólido y articulado con las experiencias y tradiciones comunicativas populares es el camino iniciado hace algunos años en Argentina. Los profundos cambios producidos en Canal 7, la sorprendente potencialidad del Canal Encuentro y el reposicionamiento de Radio Nacional marcan el rumbo por el que es necesario seguir transitando.

Finalmente, es casi una obviedad el reconocimiento de las diferencias conceptuales entre lo público y lo estatal. Pero no se trata, como algunos fundamentalistas pretenden, de negar la potestad de los gobiernos en definir la direccionalidad de sus políticas editoriales. No es coherente naturalizar las decisiones empresariales de una empresa privada y al mismo tiempo condenar todo intento gubernamental por definir una línea editorial para los medios que gestiona. El carácter público de una empresa presupone el interés colectivo y es responsabilidad del Estado su correcta administración.


En última instancia, se trata de respetar las reglas del juego democrático que todos aceptamos jugar.
*Ernesto Espeche es doctor en Comunicación Social y docente e investigador universitario. Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y director de Radio Nacional de Mendoza.

lunes, 28 de diciembre de 2009

AVANZAMOS EN LA REDISTRIBUCION DE LA PALABRA, MIENTRAS LA OPOSICIÓN TRABAJA PARA JUDICIALIZAR LA POLÍTICA

  
Gabriel Mariotto limpia la banda de 
los canales 22 al 25

Los aliados del Grupo hegemónico, la oposición de carácter claramente antipopular, tienen una tarea: obstaculizar la implementación de las políticas públicas gubernamentales. Y parafraseando a Jauretche, como el sombrero es chico, quieren agrandar la cabeza, no el sombrero.

Como no tienen propuestas, como cuando hay que sentarse en la banca a discutir y pelear democráticamente por sus proyectos, y como en el momento de la discusión parlamentaria de la Ley de Medios no podían imponer su posición, se retiraron del recinto. Ahora lo que no se logró mediante la discusión democrática se intenta alcanzar con maniobras de corte judicial.

Quienes defienden a rajatabla el republicanismo, la división de poderes y claman por la independencia de esos poderes, parecería que intentan imponer sus deseos mediante la judicialización de los actos legítimos de gobierno, es decir, hacer uso de uno de los poderes de la República en beneficio de los intereses económicos de una empresa

Una mirada atenta podría decir que tratan de politizar la Justicia, exactamente aquello que denuncian como justicia adicta al Poder Ejecutivo. Ironías...

Es público que el Grupo mantiene relaciones estrechas con integrantes del Poder Judicial, los que no casualmente provienen de las fuentes de la dictadura genocida. Ampliar esta información acá y también en la página Mensaje Walsh. De modo que puede concluirse que muchos integrantes de la familia judicial son al Multimedio lo mismo que muchos integrantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional: funcionales a sus intereses. Es un intercambio de favores.

Las decisiones del Poder Ejecutivo avanzan, gobernar es hacer que esas decisiones sucedan. Gabriel Mariotto implementó una decisión que muestra en la práctica lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: redistribuir la palabra.

Mediante la Resolución 813/09 del 27/11/09, publicada en el Boletín Oficial, en su articulo 1° se decide la cancelació de las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de televisión codificada en la banda de UHF, en todo el ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA.  En esas frecuencias operará el Sistema de Medios Públicos Sociedad del Estado.  Por otra parte los  afectados (según el artículo 2) tienen 30 días para presentar un informe de factibilidad técnica en el deberán proponer una reubicación de sus servicios, que deberán dejar de emitir en los canales reservados a los 30 días de recibir una notificación.

En los considerandos se resalta que  la situación de ocupación de la banda de UHF en el país “debe ser revertida a fin de permitir el cabal desarrollo de la televisión abierta”. También se pueden leer conceptos que afirman que la televisión codificada en comparación con los canales de aire son servicios de radiodifusión secundarios. Y que deben ser definidos los criterios de redistribución de los beneficios derivados de la tecnología digital “a fin de, por una parte, permitir el desarrollo del servicio de televisión abierta, y, por el otro, mantener la configuración de las condiciones de prestación de los respectivos servicios complementarios, entre las cuales se encuentra la cantidad de señales”.
Es importante destacar que en cada canal de UHF se emitirán 6 canales digitales.
Leer acá la Resolución con sus considerandos.

Mabel Maidana

Co-Coordinadora Comisión "Nicolás Casullo" de Medios Audiovisuales en Carta Abierta

miércoles, 29 de julio de 2009

Avanza la democratización: TV satelital gratis y sin codificar

La presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto 943/09, publicado ayer en el Boletín Oficial, que autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) a instalar y operar un sistema de televisión satelital en todo el país para difundir señales educativas, culturales e informativas.
La política de democratización de los medios avanza sin pausa. Este es un paso muy importante en esa dirección.
El decreto cita la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” que establece en el apartado 1 del artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Además el decreto 943/09 hace mención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA emitió la “DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION” en la que, interpretando lo dispuesto por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, señaló que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
También cita el punto 12 de la referida Declaración, donde se expresa que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
El decreto 943/09 le indica al Sistema Nacional de Medios Públicos que inicie tareas "para instalar y operar un sistema de televisión satelital y sin codificar, con un paquete de señales educativas, culturales e informativas". La encargada de subir la señal será la empresa satelital nacional Arsat, que la distribuirá desde el telepuerto que posee en la localidad de Benavídez, en el norte del conurbano.
La norma fortalece el rol del estado para garantizar "que la comunidad acceda a espacios de difusión pluralistas, en los que los contenidos sean generados no para obtener el beneficio económico, sino para asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes culturales e informativos".
El acceso al sistema será a través de una antena y un decodificador que se venderá a los ciudadanos de menores recursos a un precio de 150 pesos (unos 39 dólares).Una vez adquirido ese dispositivo, el usuario tendrá acceso a “un paquete de diez señales, entre las que estarán Canal 7 y Canal Encuentro”, afirmó Gabriel Mariotto en declaraciones a radio Continental.
Se prevé que el paquete incluya contenidos deportivos, películas, producciones destinadas al público infantil, y transmisiones de otros Estados de América latina. “El Estado cumple un rol importante garantizando el acceso y la participación de la ciudadanía a señales que no se pueden retransimitir por aire, como es el caso de Canal Encuentro”, agregó Mariotto. Consultado respecto a los costos de implementación del proyecto, aseguró que “es una señal que mayormente no tiene grandes costos, es un ancho de banda satelital donde se suben diez señales y el ciudadano las va a recibir gratuitamente”.
Además hay puntos del territorio nacional adonde no llega Canal 7, y esto está motivado en que la ley de Radiodifusión, que data de la última dictadura militar, impedía que la señal estatal llegara a donde había una privada. El resto de las opciones están en paquetes por cable y en firmas satelitales privadas, cuyos costos son sólo accesibles a los sectores de holgados recursos económicos.
El decreto 943/09 es un paso importante en el camino abierto con la presentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por la presentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El momento es hoy.

lunes, 6 de julio de 2009

El caso Honduras y Canal 7: ejemplo de un servicio carente de objetivos claros

LA INFORMACIÓN ... POR LOS MEDIOS PÚBLICOS
por Ariel Magirena
Se hace indispensable un cambio de paradigma en el concepto de la información pública. Para algunos, la tarea de los medios de comunicación de informar, educar y entretener se convierte en un dogma que se cumple con una rígida estructura de corte liberal. Así se contentan con cumplir con cuotas de tal cometido y se asumen compromisos comerciales por encima del compromiso con la sociedad. De este modo se renuncia a la conducción estratégica de una formidable herramienta de comunicación. Cierto es que el incumplimiento de contratos comerciales importa una sanción económica, pero no es menos cierto que el incumplimiento del contrato social significa un costo mayor. Los medios públicos son desperdiciados en momentos históricos, en los que son más necesarios. Ya ni siquiera es una cuestión política, sino de sentido común.
La grilla de los medios públicos debería ser susceptible a modificaciones coyunturales para responder a necesidades urgentes: una programación esclarecedora en relación con la Gripe A, o antes sobre el Dengue, o con eje en la política en etapa preelectoral, o exponiendo el debate cuando el conflicto con el conglomerado mediatico-agroexportador, o sobre los foros de debate de la ley de medios audiovisuales, o relativa al asedio a las democracias latinoamericanas. Con segmentos que interrumpan o desplacen el esquema rígido de la pantalla, el éter o las prioridades de la agencia informativa. Los medios en manos del Estado no son empresas comerciales para competir por la torta publicitaria ni por el rating. Hace falta más que optar por el eslogan de la tv o la radio "Públicas", y ponerlos en sintonía con las necesidades de la sociedad en el momento que se viva. También se debe despojar del prurito de informar sobre la gestión pública y los actos de gobierno. Ese prejuicio no sólo pone en riesgo el proyecto político sino que vulnera y falta al estatuto constitucional que obliga informar a la comunidad, y al derecho ciudadano de estar informado. Este estatuto no es optativo. El estado no tiene la opción de informar: está obligado. Es urgente que asuma esa responsabilidad. Es, por cierto, innegable la calidad alcanzada por los medios de gestión estatal en los últimos años. Esto demuestra la capacidad para lograr una oferta de calidad y atractiva. Pero además de la deuda estética y profesional resalta la deuda social, que es fundamentalmente política.La pregunta obligada es si esto es posible con la actual estructura de estos medios, herederos de conceptos retrógrados y burocráticos que los obligan a un comportamiento de oficinas públicas.
En una serie de artículos sobre los noticieros de la televisión pública que publiqué en 2003 sostenía:
"Los medios en manos del estado no escaparon al anquilosamiento de la administración pública. Además, la resistencia a los embates privatizadores durante la gestión Menem y los intentos de “limpieza” con sus cientos de despidos durante el alianzato expulsaron a muchos de los mejores trabajadores y tuvo al resto en vilo por su fuente laboral. Acompañado esto por gestiones conservadoras, parásitas o elitistas, con nulo incentivo y permanentes presión y desprecio por los periodistas y trabajadores de prensa, la baja en la calidad de la prestación es inocultable. Cómo es posible, entonces, hacer pasteles si hay ingredientes para bizcochos? Los periodistas no somos materia sino sustancia. Es necesario exponer un claro proyecto informativo y una concreta línea editorial. Calificar en una primera etapa las mejores herramientas e implementar un urgente programa de formación y actualización profesional. Democratizar hacia adentro, contagiar, entusiasmar y desafiar".
Uno de los déficits mas graves, que trataba en esos artículos, está, precisamente, en la formación profesional. Una estructura burocrática nunca propende a la formación y la calidad, sino que suple sus deficiencias con el ingreso de nuevo personal que, natural e inevitablemente, se acomoda al viejo funcionamiento. Es la salida “fácil” y que nunca dio resultado. Es la idea “siempre” original. Es el error en el que cae cada uno de los funcionarios, con menor o mayor buena voluntad, a los que les toca administrar los medios de comunicación del Estado. Estas fallas estructurales sólo pueden ser suplidas con una conducción estratégica capaz de convocar en minutos a un equipo periodístico para dar respuesta en la pantalla, el éter y la redacción. Los medios públicos deberían estar en condiciones de convocar a un equipo mínimo de sus profesionales para garantizar la respuesta ante urgencias. Y también deberían estar en condiciones de responder con pocas horas de anticipación cuando ese tiempo está disponible.
He visto pasar por Canal 7 una cantidad grosera de cuadros desperdiciados que estarían a la altura de estas necesidades. Me consta también la buena voluntad y el esfuerzo de la actual gestión en la que tengo amigos de enorme confianza. Observo cotidianamente su pelea desigual con la “maquina de impedir”. La postergación de una definición sobre el rol de los medios públicos de comunicación y de una política nacional sobre comunicación redunda en un enorme gasto económico para alimentar un elefante destinado a ser el guardián del jardín de la casa cuando alcanzaría con un buen perro.
* Periodista de Canal 7 - Co-coordinador de la Comisión de MediosAudiovisuales en Carta Abierta.