Es Impostergable la Sanción

El reclamo fue hecho por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, como el CELS y Fadeccos. Expresaron su preocupación por el estancamiento de la discusión y pidieron iniciar el tratamiento en el Congreso.

Roberto Saba (ADC), Horacio Verbitsky (CELS) y Guillermo Mastrini (Federación de Carreras de Comunicación).

Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil se reunieron ayer para reclamar la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en reemplazo de la sancionada durante la última dictadura militar. En una conferencia conjunta, los organismos solicitaron la inmediata presentación pública del proyecto de ley anunciado por el Gobierno para comenzar el debate entre distintos sectores de la sociedad e iniciar su tratamiento en el Congreso Nacional. “Es impostergable la sanción de una nueva ley”, señalaron a través de un documento consensuado. Todos señalaron con preocupación el estancamiento del tema, que había avanzado en su discusión con el impulso del Ejecutivo, pero que desde el fracaso de las retenciones móviles fue desapareciendo de la agenda pública.

La declaración presentada ayer llevó las firmas de organismos de derechos humanos como el CELS; de la sociedad civil como la ADC, Cippec y Poder Ciudadano; del ámbito universitario, como Fadeccos y del Foro de Periodismo Argentino. Fue precisamente el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien resaltó la importancia de que estos organismos, que si bien provienen de distintos espacios y tienen distintas trayectorias, acordaron la necesidad de una nueva ley para democratizar el marco de la discusión pública en Argentina.

“Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que aparece este tema en la agenda pública, se presentaron muchos proyectos en estos veinticinco años y todos han perdido estado parlamentario o han fracasado”, sostuvo Andrea Pochak, directora adjunta del CELS. Sin embargo, la representante del organismo consideró que actualmente hay una mayor madurez política y social. Según Pochak, es muy clara la “lección” de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el tema.

En diálogo con PáginaI12, Guillermo Mastrini, representante de la Federación de Carreras de Comunicación, sostuvo que hay tres consideraciones centrales que hacen necesaria una nueva ley. En primer lugar, que fue sancionada por la dictadura y que, pese a que sufrió cambios, “sus fundamentos siguen siendo estrictamente autoritarios”. “No podemos pensar en que la comunicación no tenga un vínculo directo con la política de derechos humanos”, completó Mastrini.

En segundo lugar, continuó el profesor de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBA, hay una necesidad de actualizar la normativa porque quedó vieja y genera “fuertes contradicciones para los propios grupos de medios”. Por último, consideró que el propio desarrollo tecnológico ha superado la ley vigente y puso como ejemplo el proceso de digitalización de la televisión, “que cambia totalmente el mundo de los medios”.

Sin embargo, Mastrini remarcó que existe una sensación “ambigua” porque, si bien este año hubo grandes avances en materia de discusión pública, todavía el Gobierno no presentó su proyecto. En el mismo sentido opinó Roberto Saba, de la ADC, quien defendió el derecho de los expertos, las universidades, los medios y la sociedad en general a conocer la iniciativa oficial en cuanto esté lista. “Tememos que no se dé a conocer con el debido tiempo o que no se discuta lo suficiente. Esto no se puede decidir entre unos pocos y en un ámbito cerrado, porque esta ley definirá los marcos del debate público por lo menos para los próximos treinta años”, agregó Saba.

Consultado por este diario sobre las dificultades que podrían generar los grandes multimedios en contra de la instalación del tema en la agenda pública, Saba responsabilizó al Gobierno de la generación de las plataformas de discusión necesarias y colocó como ejemplo los proyectos de ley de Educación y la designación de jueces de la Corte Suprema.

“El primer paso es que se conozca el proyecto, el segundo que el Gobierno genere la discusión y tercero que cuando llegue al Congreso también exista la oportunidad de que todos conozcamos lo que se está discutiendo, qué pasa en las comisiones y que haya audiencias públicas”, sintetizó.

También estuvieron presentes Pablo Secchi, de Poder Ciudadano; Martín Bohmer, de Cippec; y Sebastián Lacunza, de Fopea. Publicado en Página 12, 1° de octubre de 2008.