HUGO VACA NARVAJA, ABOGADO QUERELLANTE DE LA MEGACAUSA LA
PERLA. ENTREVISTA DE LA REVISTA VEINTITRÉS. Opina Claudio Orosz, abogado
querellante de HIJOS de Córdoba.
Con 18 causas acumuladas y más de 400 víctimas, el
megajuicio de La Perla será durante el próximo año y medio un fresco completo
del proceso de demolición sistemática de la sociedad civil cordobesa, en el
período que se extiende desde el Navarrazo hasta la dictadura.
El abogado Hugo Vaca Narvaja, cuyo padre fue fusilado
en 1976 por orden de Luciano Benjamín Menéndez, entiende que “esta mayor
cantidad de casos permite advertir la integralidad del proceso represivo en
estos centros clandestinos en Córdoba y posibilita determinar que se trató de
un proceso de aniquilamiento sobre ciertos sectores de la sociedad, perpetrado
desde otros sectores de la sociedad”.
Veintitrés entrevistó a Vaca Narvaja una vez
finalizada la maratónica lectura durante seis jornadas seguidas de la elevación
a juicio de los hechos que juzgará el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba.
El
abogado comanda un equipo de profesionales que llevará adelante 60 querellas
que representa el estudio de María Elba Martínez, con Miguel Ceballos, Ana
Convers, Adriana Gentile y Pedro Salas.
“La oligarquía terrateniente aportó el ideario económico, a
través de su cuadro más importante de entonces como fue (José Alfredo) Martínez
de Hoz, con el financiamiento del FMI; el Ejército constituyó la mano de obra
para llevar a cabo la masacre, conjuntamente con la policía, y la Iglesia sumó
el contenido ideológico de la masacre, que consistía en ‘proteger a la
comunidad occidental y cristiana’. Si ponés atención a cada discurso de Videla,
se advierte el contenido ideológico que brinda entusiastamente la Iglesia,
además que ya lo dijo claramente en varios medios”, contextualiza.
–Así viene surgiendo de los diversos procesos realizados
en Córdoba hasta el momento.
–En este trípode se asienta el plan, y sin embargo esto no
es tenido en cuenta por las sucesivas sentencias judiciales. No es que los
militares vinieron para “combatir la subversión”, como dicen los jueces en sus
sentencias, ese fue un pretexto. Por ello planteamos desde la querella una
batalla epistemológica contra este sostenimiento de la teoría de los dos
demonios en las sentencias judiciales.
En el juicio de Videla pudimos escuchar
la exposición de uno de los acusados, Mones Ruiz, diciendo que cuando se
realiza el golpe de Estado ya los grupos armados estaban reducidos a menos de
1.500 personas en el país. Pero ese pretexto, la “lucha antisubversiva”, sirvió
para encubrir la masacre de sectores sociales claramente determinados: obreros,
estudiantes, cuadros políticos y sindicales, todo aquel que tuviera una
oposición al sistema que se estaba instaurando.
– ¿Cuáles son las particularidades del proceso?
–Que las víctimas tienen como componente sobresaliente su
juventud, gente con una media de entre 20 y 30 años. En su pertenencia se ve
que son obreros, estudiantes, cuadros sindicales, políticos, mayormente
militantes.
Otra particularidad es que la represión no se inicia el 24 de
marzo, sino que tiene punto de origen en el Navarrazo, el 28 de febrero de
1974, cuando derrocan al gobierno de Obregón Cano. Allí se produce la alianza
entre los grupos más conservadores de la sociedad cordobesa y la ultraderecha
peronista que lleva adelante el exterminio. Cuando hacés memoria, el gobierno
de Obregón tuvo problemas de gestión pero a causa del enfrentamiento con
sectores católicos, dueños mayoritariamente de los colegios privados. El
gobierno sancionó el estatuto de los docentes que les dio derechos, que lo puso
de punta con la curia; igual sucedió con los empresarios del transporte, al
habilitar aumentos salariales e impedir incrementos del boleto.
De la Sota y los dos demonios. De la instrucción y
acumulación de las causas surge el juzgamiento de hechos ocurridos desde 1975,
cuando Héctor Pedro Vergez viene a Córdoba a integrar el Comando Libertadores
de América, enviado por el Batallón 601 de Inteligencia desde Buenos Aires y
recomendado por José López Rega a la intervención de Raúl Lacabanne.
Este “comando” es un rejuntado de policías del D2 y gente
del batallón 141 de Inteligencia, donde se destacan Barreiro y Yanicelli, entre
otros. La secuencia de asesinatos políticos realizados entonces por esta banda
parapolicial tuvo por objetivo golpear la estructura de militantes populares y
al sindicalismo combativo.
En la causa Barreiro, donde se ventilan hechos anteriores al
24 de marzo del ’76, se juzgará el asesinato de la familia Pujadas –justo un
año después de la masacre de Trelew, donde habían matado a Mariano–, del
dirigente montonero Marcos Osatinsky, de los integrantes de la JP Horacio
Pietragalla y Horacio Jenssen.
Durante aquel período se inició el funcionamiento del campo
La Ribera, segundo registrado en el país después de Famaillá, que fue
instrumentado por el Operativo Independencia en Tucumán.
En ese marco, Vaca Narvaja entiende que las declaraciones de
José Manuel de la Sota, el mismo día de iniciarse el juicio, esgrimiendo la
teoría de los dos demonios en la Universidad Austral –perteneciente al grupo
católico integrista Opus Dei–, da cuenta de una puja sobre las interpretaciones
de la historia que aún se debaten en Córdoba.
– ¿Piensa que las expresiones del gobernador, equiparando
tangencialmente a genocidas y guerrilleros, interpreta a sectores
representativos de la sociedad cordobesa?
–De la Sota está lanzado a una candidatura presidencial y
desde ese objetivo busca posicionarse como candidato, asesorado por grupos de
marketing de imagen política que le marcan las líneas de discurso. Por eso el
gobernador pretende ubicarse en un lugar antagónico al gobierno nacional en el
tema derechos humanos Pero este lugar lo pone más a la derecha de Mauricio
Macri, donde disputa escasos porcentajes del electorado. Con su posición sobre
la teoría de los dos demonios atrasa treinta años, compartiendo la postura de
Ernesto Sabato del prólogo del “Nunca Más”. Esto se contradice con sus propios
movimientos como la promoción del boleto educativo, apelando a la Noche de los
Lápices. Con lo cual está claro que todo su discurso es netamente comercial,
marketinero y oportunista, no tiene compromiso con lo que hace ni dice. Nunca
tuvo un gesto de apoyo o acompañamiento con la lucha por los derechos humanos,
ni muestras firmes de estar consustanciado con la política nacional que se realiza
desde el 2003, salvo alguna excepción como la creación de la Comisión
Provincial de la Memoria, o la ley que beneficia con una jubilación mínima y
algo más a quienes estuvieron detenidos más de un año durante el Proceso y
carecen de ingresos. De la Sota siempre fue un hombre de derechas, y nadie
puede cuestionarle su coherencia en este aspecto, pero sí su corrimiento hacia
un neofascismo. Expresa ese conservadurismo cordobés que se consolida en el
peronismo desde el Navarrazo a esta parte; nunca tuvo funcionarios de carácter
progresista, desde el ’99 a esta parte, salvo un par durante la gestión de
(Juan) Schiaretti, con un perfil ligeramente moderado y con algún compromiso un
poco más visible, como el ministro de Justicia Angulo o el secretario de Derechos
Humanos Raúl Sánchez. Desde lo formal, antes de iniciarse el juicio de la UP1,
Schiaretti hace una reunión con los organismos de derechos humanos para
manifestar el apoyo del gobierno provincial y publica una solicitada en la
prensa. Pero De la Sota no manifiesta respecto del juicio de La Perla nada más
que esta reivindicación absurda y extemporánea de la teoría de los dos
demonios.
– ¿Este contexto político provincial influye en el
desarrollo de los juicios?
–A pesar de que se avanzó con condenas, todavía la Justicia
tiene complicaciones para condenar a algunos genocidas. En la causa Videla,
sobre los casos de los represores Quiroga y Daloia, el presidente del Tribunal
Jaime Díaz Gavier sostiene en su sentencia que no encuentra pruebas suficientes,
cuando las pruebas estaban al canto, ya que fue el único hecho de ese juicio
con un testigo presencial. Se dejó de lado el testimonio de un hombre
confirmando que las voces que los que trasladaban a mi padre y dos detenidos
más, desde la cárcel, son las mismas que aparecen al momento de fusilarlos. Es
raro que cuando buscamos las constancias de las pruebas que pedimos,
encontramos que no habían quedado registradas como lo habíamos solicitado.
Detrás de las condenas a Videla, Menéndez, Alsina, Mones Ruiz y Yanicelli se
escondieron estas absoluciones que dejan de lado hechos y derecho aplicables.
Esto sucede en Córdoba por las características particulares de la Justicia
Federal, donde los militares designaron mucha gente, y también lo hicieron los
radicales y el menemismo, que trabajaron inclaudicablemente por la impunidad de
los genocidas. Acordate que Menéndez ocupaba el palco en muchos actos
partidarios de Angeloz, junto con Primatesta. Este componente de poder no se ha
modificado, es el famoso “cordobesismo” en el que milita José Manuel de la
Sota.
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Vergez y Barreiro, estigmas de la democracia
Junto a Luciano Benjamín Menéndez, por primera vez serán
juzgados en Córdoba los torturadores Ernesto Barreiro y Héctor Vergez, que
acaba de recibir una fuerte condena en Bueno Aires en el marco del juicio por
la causa “Primer Cuerpo de Ejército”. Ambos torturadores habían sorteado
exitosamente a la Justicia de Córdoba hasta el momento y representan emblemas
sobre la impunidad que disfrutaron los genocidas, incluso interviniendo en
democracia en diversos actos de resonancia institucional.
Consultado por Veintitrés, el abogado querellante de HIJOS
Córdoba, Claudio Orosz, resumió el significado del juzgamiento de ambos
genocidas.
–Vergez y Barreiro aparecen por primera vez para ser
juzgados en Córdoba. ¿Qué caracterización puede hacer de estos represores?
–Héctor Pedro Vergez fue enviado a instaurar el terrorismo
negro en Córdoba: atentados a sindicatos, a cines, a casas de familia, el
asesinato de militantes populares, el ataque a distintos locales partidarios
como la UCR, al diario La Voz del Interior, a unidades básicas de distintos
barrios de la ciudad, todo para crear la sensación de caos e incrementar el
temor, focalizado en la clase media para obtener una petición de destitución
del gobierno nacional y la venida de los militares.
– ¿Cómo es la trayectoria de Vergez?
–Después de su paso por el Comando Libertadores de América,
se integró a La Perla. En julio del ’76 es enviado a Buenos Aires por su
ferocidad en la tortura. Él decía que no había nadie que no le hablara y su
juzgamiento en la causa Coccoz tiene que ver con eso, una causa espantosa por
los testimonios que se vertieron, siniestra.
Luego Vergez se retira y pasa a
formar parte de financieras acá en Córdoba. Y cómo habrá sido el poder y la
impunidad, que por un lado escribe un libro donde relata sus fechorías, y por
el otro, en plena década del ’90, fue el encargado de contactar con el hijo de
Telleldín, el hijo del viejo jefe de la D2 en Córdoba que estaba acusado por el
atentado de la AMIA, y es quien le lleva el dinero y vende su testimonio para
implicar a Ravelli y demás. Es llamativo que sea Vergez el que visita a
Telleldin en la cárcel. También fue procesado por delitos comunes en los
últimos tiempos, por estafas en el conurbano bonaerense en relación a obras,
etc. Realmente es un personaje mezclado con los sectores de poder e influencia
económica.
–Su figura abarca también la actividad de seguridad a
empresas. ¿Es un genocida que trasciende el caso típico?
–Yo lo analizaría más acabadamente porque hay centenas de
enormes empresas, algunas incluso hoy están siendo investigadas porque fueron
montadas por represores de la ESMA, que manejan el juego y una serie de
cuestiones, que demostraron ser el antifaz económico de represores, fugados
durante años y que recién ahora son detenidos y las empresas intervenidas.
Tienen un sinnúmero de hechos con organizaciones de protección o seguridad.
Nosotros descubrimos militares comprometidos con violaciones sistemáticas de
los derechos humanos, como titulares o trabajando en agencias de seguridad, que
en su momento protegían a Canal 7 o al Banco Nación en otras administraciones,
lo cual demuestra que siguieron teniendo relaciones con el Estado
nacional.
– ¿Cómo es el caso de Barreiro?
–Con Barreiro logramos particularmente desde HIJOS Córdoba
su expulsión de Estados Unidos, con el aporte de nuestra prueba. Él fue quien
inició el levantamiento de Semana Santa en contra de un gobierno
constitucional, cuando se negó a venir a prestar declaración acá y se ocultó en
un regimiento camino a La Calera. De allí salió escondido en el baúl del auto
de Raúl Primatesta y se trasladó a Buenos Aires, donde tomó la posta Aldo Rico,
en una verdadera sedición contra un gobierno popular.
–En 1976 fue jefe de torturadores, junto a un grupo de
oficiales y suboficiales. Era un tipo en la línea de Luis Diedrich, que también
aparece por primera vez en esta causa, una persona menos conocida pero que
también estaba en la sección política. Diedrich fue el que confeccionó la lista
de las personas detenidas el 24 de marzo del ’76 y, junto con Barreiro y otros,
se denominaban la logia de los oficiales jóvenes. Era una línea interna dentro
del aparato represivo, dura y corporativista con un odio enorme a lo popular,
que pensaba sobrevivir al gobierno militar y delinear los rumbos del país.
En
el ’77 Barreiro reemplaza a Diedrich como cabeza en la primera sección
política. Asciende luego de una junta de oficiales especial que se hace por su
caso. Tenemos constancia de que a principio de ese año no fue ascendido porque
había robado, Menéndez intercede ante esa junta y por eso posteriormente lo
ascienden.
Fuente: Revista Veintitres - 26.12.2012
Autor: Guillermo Posada
Mabel Maidana - Co Coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta
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