La Asamblea de ese país sancionó una nueva normativa para regular las telecomunicaciones. La derecha política y mediática hizo sentir, una vez más, su exasperación frente a procesos de igualación de derechos.
“Aprueban en Bolivia ley que da más poder a Morales sobre la prensa”. De esa manera tituló el diario El Universal la sanción de una nueva legislación en materia comunicacional. El jueves 28 de julio, la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (LTTIC). Según el medio citado, la norma “da más poder de control al gobierno sobre los medios de comunicación al tener en la práctica el 67 por ciento de las licencias de radio y televisión”.
Innumerables expresiones similares se escucharon -y aún se escuchan- en Argentina a propósito de la sanción, en octubre de 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), tendiente a la democratización de las comunicaciones. Las derechas de la región y sus socios del conglomerado mediático suscriben todos un mismo discurso: el resguardo por parte del Estado del derecho a la información y al acceso a los medios de comunicación de los pueblos, el derecho a la pluralidad de voces, es sinónimo de censura y autoritarismo.
En ese sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización empresaria ampliamente reconocida por el apoyo a procesos golpistas, no tardó en dar su valoración de la norma: “Esta ley que el presidente (Evo) Morales ha hecho aprobar por la asamblea que controla, va en la dirección de restringir la libertad de expresión y de información y se suma otras normas que aprobó el gobierno". Las expresiones corresponden a Claudio Paolillo, de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Desde la propia entidad se explicita la estrategia regional de los patrones de los medios hegemónicos respecto de las políticas de los gobiernos populares y democráticos en distintos países: “la norma se suma a otras que están en camino en Argentina y Ecuador y a leyes aprobadas en Venezuela, en el marco del eje bolivariano, que son claramente contrarias a la noción de libertad de expresión", argumentó Paolillo.
Desde la política doméstica, quien también se opuso a la norma fue la Asociación de Periodistas de La Paz, al igual que la Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora). Uno de los argumentos más utilizados para denostar la norma es que “en los hechos” –palabras utilizadas por varios medios opositores a la LTTIC- Morales dispondría del 67 por ciento de las licencias de radio y TV, entre las públicas y las correspondientes a organizaciones sociales. El reduccionismo utilizado en esta argucia es asegurar que colectivos sociales e indígenas responden directamente al presidente.La nueva ley boliviana, que contará con promulgación presidencial en los próximos días, dedica párrafos incluso a Internet, a diferencia de la norma argentina. Pero, al igual que dispuesto por la LSCA, el nudo de la desmonopolización y la consecuente democratización está concentrada en la disposición de que el espacio radioeléctrico se repartirá en un 33 por ciento los medios privados, otro 33 por ciento para medios públicos estatales, y un 33 para organizaciones sociales y de los pueblos indígenas.
El viernes 29 de julio, el diario español El País tituló: “El Senado boliviano aprueba una ley que permite los pinchazos telefónicos”. De esa manera despectiva y simplista, el diario conservador se refirió a ley que, en palabras del ministro de Comunicación boliviano, Iván Canelas, "profundiza la democracia”.
El reparto más equitativo de las licencias de radio y televisión -que para el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), David Sánchez, busca "equidad social"- según el parecer de El País es simplemente una disposición que “da al Gobierno y sus fieles dos tercios del espectro electromagnético”.
Los “pinchazos telefónicos” aludidos en el titular español, refieren a la posibilidad de que el Estado boliviano pueda disponer de escuchas telefónicas "en caso de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres". A partir de la LTTIC se crea, la Autoridad de Telecomunicaciones.
El periodista Ronald Corini, de Radio Patria Grande de Bolivia afirmó en conversación con LRA6 Radio Nacional Mendoza, emisora pública, que “se ha rechazado desde la Cámara de Senadores y la de Diputados ese aspecto”, en referencia a las supuestas escuchas que habilitaría la LTTIC.
Corini describió también que los sectores empresariales de la comunicación mediática cuestionaron, además de la “la intervención del Estado”, el debate de otra ley en los próximos meses que derivará de la recientemente sancionada pero que trate sobre los contenidos. La misma será trabajada y propuesta tras el trabajo de senadores y diputados de la Nación.
Finalmente, el periodista boliviano dijo a Radio Nacional Mendoza que la norma contempla la gestión del satélite Tupac Atari, que está en construcción en China y se prevé ponerlo en actividad en el año 2015, a partir del cual se podrá prestar -entre otros- servicios de telefonía celular y con ese nuevo actor se podrán ofrecer tarifas más bajas.
Fuente: Agencia Periodística de América del Sur
Los distintos países latinoamericanos están avanzando por el camino de la desmonopolización de los medios de comunicación. La Argentina trabajó durante muchos años, especialmente desde los inicios de la década de 1980, para lograr deshacerse de la Ley de la Dictadura hasta que por fin a través de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se logró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Ley de Medios -como se la conoce popularmente- fue el producto de amplios debates en cientos de foros de variada composición para lograr un texto representativo de todas las voces y que incorporara las últimas reflexiones acerca de la comunicación.
No fue sencillo ni fácil llegar a la sanción de la Ley por ambas cámaras. La decisión política fue un elemento sustantivo pero también fue muy importante la movilización de las diferentes organizaciones y de miles de ciudadanos en las distintas instancias que hubo que superar para lograr el texto sancionado y reglamentado.
No obstante la vieja alianza del grupo monopólico predominante en la Argente con algunos representantes del poder judicial, alianza que se remonta por lo menos hasta la dictadura militar, se encargó de encontrar las argucias necesarias para impedir que el artículo que más le afecta, el 161 que es el que efectiviza la necesaria desmonopolización, no se ponga en práctica. Este artículo todavía está en litigio, mientras tanto el Grupo intenta catapultar una candidatura presidencial que responda a sus intereses. Por ahora todo indica que no le será posible.
Las corporaciones no quieren ceder absolutamente nada del amplio poder que han ejercido con impunidad durante años. Son como el escorpión, está en su espíritu. Mientras tanto intentan con mentiras descaradas, calumnias inventadas y la práctica de un amarillismo incomparable instalar maniobras destituyentes que esmerilen la democracia y sus instituciones, la expresión popular y la aceptación mayoritaria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero no hay nada que indique que lo logren.
Mabel Maidana, Co Coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta
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