Comisión "Nicolas Casullo" de Medios
Audiovisuales en Carta Abierta
se suma a la declaración de
COMUNA
- Comunicadores de la Argentina -
EN EL DÍA DEL PERIODISTA - 7 de junio de 2011
Declaración de COMUNA (Comunicadores de la Argentina)
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Nosotros y nosotras, periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de medios gráficos, radios, televisión y medios virtuales públicos, privados, cooperativos y sin fines de lucro, docentes y estudiantes de universidades y escuelas de periodismo y publicitarios, asumimos el compromiso de constituir la COMUNA (Comunicadores de la Argentina) para promover y defender los valores de la democracia y de nuestras profesiones.
Creemos en el pluralismo y el derecho al disenso como valor y marca en la formación de nuestro país; en la solidaridad social; en la memoria, verdad y justicia como valores fundantes de nuestra democracia; en el respeto por el diferente; en la cultura del trabajo; en la inalienable libertad de creación y expresión; en la participación plena en los derechos económicos, políticos, sociales y humanos de todos los que habitan el suelo argentino; en la igualdad de derechos sexuales, religiosos o étnicos de mayorías y minorías; en la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales; en la integración latinoamericana y la autodeterminación de los pueblos; el federalismo y la unidad nacional; la defensa de lo público y la participación del Estado como garantía de cumplimiento y promoción solidaria de viejos y nuevos derechos.
Creemos que los comunicadores tenemos una gran responsabilidad en la disputa por la producción de sentido y valores de nuestra democracia y en la construcción de una nueva cultura popular que exprese cabalmente el interés público por sobre el privado y que incluya a todos los habitantes sin excepción.
Por estas convicciones, desde COMUNA manifestamos que:
La información es un derecho humano básico, que no puede ser apropiado como una mercancía. Que la democracia y los avances tecnológicos han producido una pluralidad comunicacional que es trabada por la existencia de monopolios y oligopolios informativos.
La información es un derecho humano básico, que no puede ser apropiado como una mercancía. Que la democracia y los avances tecnológicos han producido una pluralidad comunicacional que es trabada por la existencia de monopolios y oligopolios informativos.
Defendemos la libertad de expresión en tanto libertad de prensa, opinión y como garantía del derecho a la comunicación; y la libertad de información como un derecho social que obliga a las empresas y los comunicadores a la exactitud, la transparencia y la adhesión a los hechos, como un pacto de fidelidad informativo donde deben explicitarse las convicciones e intereses de quien produce la información.
Entendemos que a cada modelo económico le corresponde un modelo informativo y comunicacional; que el actual modelo de apropiación de la información como una mercancía está en crisis; y que los mecanismos que se establecieron desde las corporaciones mediáticas para fragmentar la información y vaciar de contenido las palabras son obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía plena.
Nos oponemos a la conformación de monopolios, oligopolios y posiciones dominantes comunicacionales, así como a que las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional, y a que funcionarios públicos tengan participación accionaria en empresas comunicacionales, para así evitar conflicto de intereses.
Reconocemos como una forma de desigualdad la imposibilidad económica de acceder a medios de comunicación, e impulsamos la adopción de políticas públicas que garanticen la accesibilidad a todos los formatos comunicacionales.
Entendemos que a cada modelo económico le corresponde un modelo informativo y comunicacional; que el actual modelo de apropiación de la información como una mercancía está en crisis; y que los mecanismos que se establecieron desde las corporaciones mediáticas para fragmentar la información y vaciar de contenido las palabras son obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía plena.
Nos oponemos a la conformación de monopolios, oligopolios y posiciones dominantes comunicacionales, así como a que las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional, y a que funcionarios públicos tengan participación accionaria en empresas comunicacionales, para así evitar conflicto de intereses.
Reconocemos como una forma de desigualdad la imposibilidad económica de acceder a medios de comunicación, e impulsamos la adopción de políticas públicas que garanticen la accesibilidad a todos los formatos comunicacionales.
Nos comprometemos a defender, impulsar y profundizar la plena aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
Adherimos a la defensa irrestricta de la libertad de información y opinión consagrada en las leyes de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía de ley (artículo 75 inciso 22).
Hacemos nuestro: el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”; y el punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
Creemos en una comunicación independiente tanto del poder surgido de monopolios y oligopolios comunicacionales privados como de gobiernos. Los comunicadores deben interpelar a los poderes permanentes y corporativos.
Sostenemos que existe una ética profesional de la comunicación, donde debe regir la libertad de conciencia, que no debe subordinarse ni al afán de lucro de corporaciones económicas ni a los designios de los gobiernos.
Adherimos a la defensa irrestricta de la libertad de información y opinión consagrada en las leyes de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía de ley (artículo 75 inciso 22).
Hacemos nuestro: el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”; y el punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
Creemos en una comunicación independiente tanto del poder surgido de monopolios y oligopolios comunicacionales privados como de gobiernos. Los comunicadores deben interpelar a los poderes permanentes y corporativos.
Sostenemos que existe una ética profesional de la comunicación, donde debe regir la libertad de conciencia, que no debe subordinarse ni al afán de lucro de corporaciones económicas ni a los designios de los gobiernos.
Sabemos que nuestras profesiones nunca son neutrales. La realidad, en cualquier formato comunicacional, no se informa fuera de la construcción subjetiva de un relato que incluye las convicciones de quien emite la información y de quien la recibe.
Los comunicadores no deben ser objeto de presiones físicas ni jurídicas por parte de empresarios ni funcionarios públicos.
Defendemos el derecho a la organización sindical de los comunicadores en medios públicos, privados, cooperativos y sin fin de lucro, y condenamos cualquier forma de persecución gremial.
Promovemos instancias de formación intergeneracional de comunicadores como eje esencial para el desarrollo de nuestras profesiones.
Reivindicamos en nuestra tradición las enseñanzas de los grandes maestros de la comunicación de todos los tiempos, como Mariano Moreno y Rodolfo Walsh –entre otros– sin cuyo legado no sería posible pensar en una comunicación cada día más democrática.
Los comunicadores no deben ser objeto de presiones físicas ni jurídicas por parte de empresarios ni funcionarios públicos.
Defendemos el derecho a la organización sindical de los comunicadores en medios públicos, privados, cooperativos y sin fin de lucro, y condenamos cualquier forma de persecución gremial.
Promovemos instancias de formación intergeneracional de comunicadores como eje esencial para el desarrollo de nuestras profesiones.
Reivindicamos en nuestra tradición las enseñanzas de los grandes maestros de la comunicación de todos los tiempos, como Mariano Moreno y Rodolfo Walsh –entre otros– sin cuyo legado no sería posible pensar en una comunicación cada día más democrática.
Coordinación:
Ariel Magirena
Mabel Maidana
Santiago Coco Plaza
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