LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL ES CONSTITUCIONAL

Por Gabriel Mariotto. Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Lo sabemos desde aquella imborrable vigilia en el Senado de la Nación, cuando en la madrugada del 10 de octubre de 2009, por amplia mayoría, se dio luz a la norma que tanto esperó la democracia para redistribuir el derecho a la palabra.

Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que trabajar muy duro. Antes de su presentación como proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, en foros de participación ciudadana, en lectura de legislación comparada, en la búsqueda del mejor articulado, en la recepción de aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Luego se aportó en la Cámara de Diputados que celebró audiencias públicas y que incorporó mejoras a una ley de plena construcción colectiva.

Una vez sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras hubo que seguir trabajando. Para superar una a una las cautelares interpuestas, para llevar a la Justicia de primera y segunda instancia y hasta la propia Corte de Justicia de la Nación las razones que legitimaban y sustentaban su constitucionalidad. Podemos decir que hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento ante toda la sociedad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de interés para toda la ciudadanía porque instaura un nuevo paradigma que bien lo saben quienes trabajan en el campo de la comunicación: a través de los medios de comunicación audiovisual se concreta el derecho humano a la comunicación no sólo en su dimensión individual sino con más fortaleza, en la dimensión colectiva, tal como lo ha señalado la Corte en su reciente fallo. En este sentido, el máximo tribunal rescata que en lo que atañe a la faz colectiva del derecho a la libertad de expresión, se intensifica la necesidad de intervención y regulación por parte del Estado.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un tema atractivo de por sí. Es un tema árido, de poco "gancho" dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la Asignación Universal o el Plan Procrear, dos medidas que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo de manera contundente e inmediata, esta ley, siendo de importancia vital para la sociedad toda, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación, el mundo político, el empresarial, el académico, el de las organizaciones sin fines de lucro, el sindical, el cooperativismo, en definitiva, en los sectores que por lidiar con los medios día a día conocían las perversiones que con la ley anterior y sus modificaciones había que padecer por parte de los otros grandes interesados, los dueños de los medios concentrados.

El largo tiempo transcurrido desde su promulgación hasta el día de hoy en que podemos festejar su constitucionalidad ha servido para que la difusión de la ley y el reconocimiento de los actores que la defendían y de los que la atacaban, le diera a la sociedad toda nuevos datos acerca de la importancia que revestía la ley, los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría el viejo Nietzsche "todo lo que no te mata te fortalece" y eso fue lo que precisamente ocurrió con esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La instalación a través de litros y litros de tinta y horas y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la Ley. Mucho le debemos agradecer a esos medios concentrados y a sus estrategas de la comunicación los niveles de encendido que alcanzó la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, y que fue en definitiva el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad toda. La Audiencia Pública constituyó un rico debate en el cual la sociedad volvió a participar recibiendo datos nuevos, viviendo en tiempo real los argumentos de una y otra parte.

No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar como una joven y brillante profesional en representación del Estado se enfrentó a todo un equipo de abogados, sin más armas que el profundo conocimiento de la ley y el sentido común. Como si fuera una de esas brillantes jugadas a las que nos acostumbraron Maradona, Messi o Garrafa Sánchez (salud Banfield querido) una y otra vez me gusta repasar en mi televisor la exposición de Graciana Peñafort ante la Corte Suprema. Esa argumentación sirvió para dejar en claro que la ley no apuntaba a nadie en particular sino que atendía los intereses del conjunto al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Hoy tenemos una Ley Constitucional y profundamente conocida por el Pueblo Argentino. Hoy podemos decir que somos un poco más iguales ante la ley, y como muchas veces ha señalado nuestra Presidenta, a partir de hoy vivimos en un país en que algunos que hasta ayer no lo tenían, disfrutan de un derecho, sin que nadie haya perdido nada que le corresponda.

Es un día de emoción y de alegría. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa y elijo a dos que representan a tantos. Uno es el diputado radical Ricardo Laferriere que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos del presidente Alfonsín un proyecto de ley sobre derecho a réplica. El otro, un docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, Néstor Tato Contissa, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley y hasta el último de sus días la defendió con la pasión peronista que lo caracterizaba.

Tenemos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se demoró, pero hace ya mucho que aprendimos que si a uno lo asiste la razón la única opción posible es el tiempo.
Fuente: Diario Miradas al Sur, 3-11-13

Mabel Maidana, Co coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta.