jueves, 7 de febrero de 2013

LA CULTURA DEL PERDÓN


Por Hernán Invernizzi *

En el siglo V AC un político ateniense llamado Trasíbulo encabezó una rebelión contra los sangrientos “Treinta Tiranos”, los derrotó y promovió la primera ley de amnistía conocida en Occidente - palabra que en griego quiere decir “sin memoria”, por eso se la conoció como la “ley del olvido”. La norma disponía que los ciudadanos atenienses no podían ser molestados por sus actos políticos pasados. Poco después la muy democrática Atenas condenó a muerte al célebre Sócrates, que nunca fue un amante de la democracia, acusado de corromper a los jóvenes y de no respetar a los dioses oficiales. En nuestra cultura política tenemos una colección de Trasíbulos, políticos que creen que se puede administrar la memoria por decreto.

LA PATRIA PERDONADORA

Argentina es un país fecundo en amnistías. La Asamblea del Año 1813, de la cual Bernardino Rivadavia era Secretario, sometió a juicio de residencia a todos los que habían gobernado desde mayo de 1810, pero pronto convirtieron al juicio en amnistía para evitar las complicaciones que se habían desatado. En 1821, cuando era ministro del gobernador Martín Rodríguez, el mismo Rivadavia propuso una ambigua “ley de olvido” que fue convertida en amplia amnistía por la Cámara de Representantes. En desacuerdo con tanta generosidad, por decreto Rivadavia limitó sus alcances a sólo 9 exiliados, entre los que estaban Soler, Alvear, Sarratea y Manuel Dorrego - que en 1827 fue nuevamente elegido gobernador. La ley de olvido de poco sirvió: lo fusilaron al año siguiente.

También sancionaron amnistías el Congreso General Constituyente de 1826 y el gobernador Juan Manuel de Rosas en 1839. Urquiza hizo lo propio después de la batalla de Cepeda. El presidente Nicolás Avellaneda aprobó dos, una en 1875 y la otra en 1877. Siempre en el siglo XIX, Juárez Celman, Pellegrini y Uriburu también fueron adictos a la pasión amnistiadora. La primera del siglo XX fue la del presidente Figueroa Alcorta (1906). Desde los primeros gobiernos radicales hasta la Fusiladora hubo 8 amnistías. También amnistiaron Frondizi, Guido y el general Onganía. La última amnistía aprobada por el Congreso Nacional fue la de 1973 (ley 20.508) promulgada en mayo de ese año por el presidente Héctor Cámpora.

En marzo de 1983 la dictadura militar decretó la llamada autoamnistía o “ley de pacificación nacional” (22.924/83), que sólo fue reconocida por el candidato peronista Ítalo Luder, políticos de fuerzas conservadoras minoritarias y algunas autoridades eclesiásticas. Decía su justificación: “la prudencia aconseja, pues, el ordenamiento que se propone como un acto de gobierno que mira al bien general del país, el que exige dejar atrás los enfrentamientos, perdonar los agravios mutuos y procurar la pacificación nacional con un gesto de reconciliación”. A diferencia de su contrincante peronista, el doctor Alfonsín aseguró que si ganaba las elecciones desconocería al auto-perdón cívico-militar y la ley 23.040 (la primera del flamante régimen constitucional) la derogó.

En 1890 la cultura del perdón dio lugar a una “ley de olvido” para los posibles delitos económicos cometidos por 5 presidentes y sus ministros de economía - un caso entre impúdico y extravagante habitualmente olvidado debido a la ley de olvido que regula el discurso de la historia oficial. Juan Carlos Vedoya analizó el caso en La magra cosecha (Ediciones La Bastilla, Buenos Aires, 1975). Como durante décadas el Congreso no cumplió con su obligación de controlar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo (la llamada “ejecución presupuestaria”), la ley 2.714 aprobó a libro cerrado la ejecución de los presupuestos nacionales de los presidentes Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juárez Celman. En vez de tomarse el trabajo de auditar las 130.000 fojas correspondientes, los legisladores optaron por celebrar la impunidad de los próceres. Unos quedaron bajo sospecha por toda la eternidad y los otros se auto-perdonaron por no haber controlado lo que debían controlar.

 LA REBELIÓN, LA REPRESIÓN, EL PERDÓN

En 1905 se produjo la rebelión radical acaudillada por Hipólito Irigoyen contra los gobiernos fraudulentos de la oligarquía. La represión no se limitó a los radicales: socialistas y anarquistas (que no habían sido parte de la rebelión) también fueron reprimidos. Muchos de los sublevados fueron encarcelados en el penal de Ushuaia. Al año siguiente el Congreso Nacional dictó una amnistía general (ley 4.939). Durante el debate en la Cámara de Diputados señaló el ex Presidente Carlos Pellegrini:
”Se pretende que ésta es una ley de olvido que va a restablecer la calma de la situación política y a fundar la paz en nuestra vida pública. No es cierto. Ni los acusados ni los acusadores, ni ellos ni nosotros, hemos olvidado nada... Lo único que se ha olvidado y se olvida son las lecciones de nuestra historia, de nuestra triste experiencia. Se olvida que esta es la quinta ley de amnistía que se dicta en pocos años y que los hechos se suceden con una regularidad dolorosa: la rebelión, la represión, el perdón. Y está en la conciencia de todos, señor Presidente, que esta amnistía, que se supone ser la última, no será la última; será muy pronto, tal vez, la penúltima. ¿Y por que, señor Presidente? Porque las causas que producen estos hechos subsisten, y no sólo subsisten en toda su integridad, sino que se agravan cada día”.
 Hace ya 200 años que “la prudencia” aconseja “mirar el bien general del país”, “dejar atrás los enfrentamientos”, “perdonar los agravios mutuos” y “procurar la pacificación nacional”. Sin embargo, a pesar de la experiencia, todavía hay quienes pretenden una administración política de la memoria. Olvidar por decreto. Amnistiar por conveniencia. El perdón oportunista. No obstante, todas las amnistías argentinas fueron la penúltima amnistía. Y ahora que se prueba el inédito recurso de hacer justicia, hay quienes calculan (algunos obispos, por ejemplo) que cuando terminen los juicios (porque algún día van a terminar) habrá llegado el momento de proponer la nueva penúltima amnistía argentina.


*Periodista. En los últimos 20 años realizó numerosos trabajos de investigación sobre la Dictadura 1976-1983.
Nota publicada en La Tecl@ Eñe Revista Digital.

Mabel Maidana, Co Coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta






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