El cumplimiento con la cantidad de licencias previstas en la Ley 26.522 y la devolución de las usufructuadas durante décadas, son requisitos indispensables para distribuir la palabra y garantizar la pluralidad comunicacional. Esto está contemplado en el artículo 161 de dicha ley, el que es resistido no sólo por el Grupo Clarín sino también por el Grupo Vila-Manzano.
La ley, luego de las conocidas argucias interpuestas en la Justicia, se encuentra en vigencia y ya comenzó a correr el plazo de un año fijado por el artículo 161 para que las empresas se desprendan de las licencias de televisión y radio que excedan los límites establecidos. Los dos grupos mencionados -Clarín y Vila-Manzano- están actualmente protegidos por dos medidas cautelares que suspendieron la aplicación de esa cláusula de desmonopolización.
Es la Corte Suprema quien debe expedirse sobre esos recursos de amparo presentados. Hasta que eso no suceda la Ley no tiene aplicación plena, o por lo menos tiene una aplicación de excepción con los dos grupos interesados en no ajustarse a derecho.
El martes 28 de setiembre a las 17:00 confluiremos en la Plaza Lavalle nuevamente para defender la vigencia plena de la democracia con la aplicación de la Ley 26522 sin excepciones.
LA LEY ES DE TODXS
IGUALDAD ANTE LA LEY
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