Ha fallecido Eduardo Kimel, ese digno periodista que por defender para su profesión el derecho a decir la verdad, fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20.000 pesos como culpable de "injuria y calumnia" contra el juez Guillermo Rivarola. ¿En qué había consistido el pretendido delito? En su libro La masacre de San Patricio, publicado en 1989, Eduardo Kimel investigó los crímenes perpetrados por la dictadura contra tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas y concluyó que "La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial.
En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta". Por esta aseveración, Kimel fue condenado en 1995 y hubo de esperar hasta mayo de 2008, fecha en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en su favor y obligó al Estado argentino a que "en un plazo razonable" reforme la figura penal de los delitos de calumnias e injurias.
Y así ocurrió. La lucha del periodista fallecido no fue en vano y el Congreso argentino, a fines de 2009, eliminó los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. Pero algo extraño está sucediendo. No es de ahora, es verdad, aunque en el contexto de la muerte de Eduardo Kimel pareciera adquirir una dimensión inusitada. Es la dictadura de los grandes medios de comunicación, su pertinaz tarea de trastocar la realidad a su antojo y, con ello, atentar lisa y llanamente contra el interés público. Se trata de la peor de las dictaduras porque sus actos llevan ínsitos un grado de violencia que resulta tan extremo como la autopercepción de impunidad con que se perpetran.
Son, en algunos casos, toques sutiles de edición y redacción, o planos televisivos que enfatizan tal o cual aspecto en desmedro de otros. Hay casos definitivamente brutales: un título o el tono impostadamente dramático del locutor o el movilero que cambian por completo la realidad de la que se ocupan. Pero cuando mienten, esto es, cuando sustraen la verdad, no ya para maquillarla u ocultarla, sino para robársela al lector, al espectador o al oyente, lo que hacen es avasallar el interés público en beneficio de su interés privado y corporativo.
Veáse el siguiente ejemplo. Cuando todos los medios, sin excepción, estaban dando la noticia del fallecimiento de Eduardo Kimel e, incluso, la mayoría destacaba su ejemplo, la Editorial Perfil, en su edición electrónica perfil.com , publicaba una entrevista a uno de los más destacados colaboradores de este diario. Ricardo Forster, que de él se trata, es miembro fundador del espacio Carta Abierta, filósofo por vocación y profesión y, sobre todo, es un tipo que no tiene pelos en la lengua. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que Ricardo escribe o dice, pero jamás nadie podrá acusarlo de escribir o decir aquello que no quiere. Sin embargo, la edición digital de Perfil logró hacerle decir aquello que, expresamente, Ricardo había negado como posibilidad, esto es, hablar de los dichos de Diana Conti a propósito del stalinismo. "Un intelectual K contra el stalinismo de Diana Conti", tituló Perfil, sin poder omitir, recién en el segundo párrafo de la nota, que "el intelectual (…) aclaró que no opinaría sobre Conti al no haber podido escucharla". Pero la violencia y el terrorismo ideológico ya se habían consumado en el título.
Poco importaría la aclaración de Forster e, incluso, que sus conceptos estuvieran dirigidos únicamente a sentar posición sobre el stalinismo. Lo trascendente e importante estaba en el título mentiroso y también en el primer párrafo en el que Perfil, no Ricardo Forster, afirma que éste "pese a integrar un espacio oficialista como Carta Abierta condenó con dureza (subrayado en el original) a ese mismo sistema que la legisladora K reivindicó".
Otra vez: aquí la verdad fue robada. No fue un hurto sin violencia. Fue robada de un modo brutal y desaprensivo porque en la opinión registrada de Ricardo Forster no hay una sola palabra que indique que está opinando sobre los dichos de Diana Conti. Y, sin embargo, la legisladora aparece enjuiciada.
Es demasiada impunidad para tolerarla. Cerrar la boca, los ojos y los oídos ante esta clase de atropellos significaría convalidar el arrasamiento de lo único que puede mantener cohesionada a esta misma sociedad: el interés público. Sí, precisamente aquello que la Corte Interamericana buscó preservar cuando se pronunció a favor de Eduardo Kimel. El bien común no puede quedar sujeto al control de las hordas privadas y la verdad hace al bien común. Someter la verdad al imperio del interés privado comporta negar que ella es, siempre, una construcción social. Por eso es que la verdad es un territorio en disputa.
Allí pugna la mezquindad privada contra la esperanza colectiva. Es allí donde el interés sectorial y corporativo busca imponerse al dominio público. Todos los órdenes de la vida social aparecen hoy tensionados porque esa dictadura, la de los grandes medios de comunicación, expresa de un modo directo al interés de quienes, atrincherados en los escritorios bursátiles, tras las cortinas metálicas de las cámaras patronales o visitando los paraísos fiscales en sus lujosos cruceros, se unen en el afán de parar cualquier atisbo de distribución de la riqueza. ¿O acaso no están ensayando ya el amedrentamiento inflacionario para volatilizar salarios y desestabilizar al gobierno? ¿O tal vez Cristiano Rattazzi, el presidente de Fiat de Argentina, está haciendo un simple discurso de ocasión cuando afirma que el país viene desde hace ochenta años en decadencia y que este gobierno se robó la plata de las AFJP?
Vamos, no hay que permanecer callados. Aunque más no sea como un sencillo homenaje y desagravio a Eduardo Kimel, es preciso pelear por la verdad cuando la verdad está en peligro.
Carlos Girotti, Sociólogo - Conicet Art. publicado en Buenos Aires Económico, 12-02-2010
3 comentarios:
Perfil es uno de los medios más peligrosos, dado su estatuto de pseudoprogresista, lobo disfrazado de oveja. Sin embargo, ya nos tiene acostumbrados a estas falsedades, en particular con su revista Noticias.
Pero esto, más allá de indignarnos,nos reafirma la pertinencia de la ley de medios. La necesitamos tanto como a la verdad.
Mi solidaridad con Ricardo.
Compañero, muchas gracias.
Mabel Maidana
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