La modificación de la Ley de Radiodifusión requiere, además de los debates teóricos, la apropiación del tema por parte de los actores políticos.
Por Tina Gardella *
Desde Tucumán
El segundo Congreso Nacional de Cultura pasó por Tucumán. El verbo puede molestar. Y está bien que moleste. Con el tiempo se podrá ver si la participación social (escasa) y el debate crítico (ausente) pudieron aportar al diseño y articulación de políticas culturales. Desde la sencillez de una perspectiva de cultura como “esos sentidos colectivos que uno produce desde cualquier hacer” (R. Williams), quienes trabajamos en problemáticas de comunicación sabemos de su valor estratégico por cuanto allí se juega la suerte de lo público y el fortalecimiento de la democracia de manera decisiva.
Por eso era dable esperar que en este Congreso Nacional de Cultura, la Ley de Radiodifusión pudiera haber sido considerada, más allá de todo el valor simbólico que expresa, como un verdadero hecho cultural. Los aportes individuales de intelectuales y funcionarios que integraban algunas de las mesas relacionadas a la comunicación no pueden constituirse, por el solo hecho de sumar voluntades, en el espacio político-cultural necesario para el tratamiento de un tema conflictivo donde está en juego nada más ni nada menos que la construcción de poder. No se trata tampoco de agrandar expectativas en escenarios acotados por su propia dinámica y objetivos propuestos. Pero hay instancias invalorables, espacios reales y simbólicos donde los sujetos se construyen desde lo colectivo, y un congreso de cultura no puede ser menos ni proponerse para menos que esto.
¿Por qué no encaja, por qué no se amplía el debate, por qué la sociedad se siente ajena al debate de una nueva ley de radiodifusión? Entre funcionarios “itinerantes” por las diferentes provincias que se esmeran en que el tema instalado no caiga, entre académicos puntillosos pidiendo conocer el proyecto del Gobierno para recién aportar su pensamiento crítico, entre voluntariosos que teorizan sobre la necesidad del cambio pero están apremiados por otras urgencias políticas, entre luchadores aún sin el suficiente peso político que dan pelea a partir de los 21 puntos y de los tercios iguales en la adjudicación de las licencias, se va haciendo camino al andar. Como si la complejidad del tema y los intereses que se tocan no amerite una estrategia que contemple algunos aspectos esenciales: la ley es una referencia. Pero es la entrada a una discusión más amplia y profunda que entra de lleno en el debate sobre el rol del Estado, la definición de los medios públicos, el rol de la sociedad civil en la constitución de los mismos.
El debate sobre la ley debe responder a una política de comunicación. Como política de Estado que excede a una ley, se trata de verdaderas estrategias que reflejen las políticas integrales de comunicación para responder a un proyecto de país.
Como toda política pública que necesita soporte institucional y organizativo, no basta con el ejercicio de poder del Estado a través de una ley. Sólo puede tener sustento y proyección si las organizaciones sociales pueden incidir y actuar dando forma y pesando en la definición de esas políticas.
La derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura es un imperativo que no resiste ninguna especulación acerca de tiempos electorales, mezquindades académicas o prácticas sectoriales. Pero si la “apropiación” que han hecho del tema las organizaciones sociales con el impulso y la exigencia de los 21 puntos, no es pensado desde lo político como el ámbito que desde la conflictividad permite el surgimiento de actores políticos, poco se podrá avanzar en construir y re-construir las acciones y los símbolos que les permitan instalarse en el espacio público y político.
El segundo Congreso Nacional de Cultura no pudo ofrecer el horizonte de posibilidades latentes para este tema. Aunque como bien lo decía Ricardo Forster en una de las mesas panel, “es posible, en la escena contemporánea, huir de las simplificaciones y poder transformar los sucesos en acontecimientos, es decir, llegar a ese momento en que un colectivo social es capaz de intervenir en el espacio público en busca de alternativas vigentes”. ¿Estamos preparándonos y profesionalizándonos para ello?
* Licenciada en Comunicación Social.
Publicado en Página 12, 12nov08
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