jueves, 28 de noviembre de 2013

NICOLAS CASULLO, KIRCHERISMO, ¿PERONISMO DESPUÉS DEL PERONISMO?


En un artículo del año 2003, escrito poco tiempo después de asumir Kirchner la presidencia del país, Nicolás Casullo intentó, con agudeza crítica, repensar el peronismo, sus paradojas, la extraña vitalidad que le volvió a dar esa desaliñada figura proveniente de un lejano sur patagónico, como si intuyera que sin pasarle a esa historia el cepillo a contrapelo sería imposible meterse de lleno en la novedad de una época que se anunciaba como sorprendente e inesperada y que exigía una auscultación sin piedad y sin dogmatismos de una tradición política fuertemente atravesada por su componente mítico que continuaba siendo el factor decisivo de la historia nacional.

No habría, en Casullo, ninguna indulgencia ni ninguna posibilidad de olvido a la hora de revisar una herencia tan malgastada. “De qué manera –se preguntó allí– reflexionar este peronismo que se inscribe en la escena de un país transida por innumerables y duras marcas provenientes de distintos pasados recientes, con inéditas experiencias de la miseria social, con mutaciones lingüísticas, estéticas y expresivas de generaciones jóvenes no peronistas, con bolsones ideológicos cubiertos de carencias de todo tipo, con restos muertos partidarios, con neoformas de las teorías y el conocimiento, con metamorfosis identitarias y subjetividades políticas y morales de nuevo cuño citándose en los baldíos de las urbes. Y esa misma pregunta, qué peronismo, también dentro del contexto de un tiempo capitalista global que nos muestra una producción cultural mundializada decidiendo cotidianamente y como nunca antes lo propio y la idea de lo propio. Gestando formas de la conciencia, relación con lo real, índole de los sujetos, integración a lo civilizatorio, secretos de las sensibilidades de masas ‘viejas’ y ‘nuevas’, alineamientos forzosos de países y regiones y guerras neocolonialistas en nombre de un viejo Jehová anglosajón. La pregunta por el peronismo significa, entonces, cómo pensar políticamente este tiempo democrático”. Casullo vio en el peronismo la conjunción de los extremos, la trama histórico simbólica en la que era posible auscultar los claroscuros de la modernidad, sus momentos atravesados por el deseo de transformación, el mapa de una esperanza social conmovedora del statu quo y, también, la perpetuación, vía sus contenidos de derecha, de un sistema capaz de absorber una de sus dimensiones, la que fue leída por las izquierdas, desde el inicio, como la expresiva de su bonapartismo y de su reducción de la clase obrera a comparsa de un modelo integracionista y conformista.


Para él, sin embargo, lo inusual, lo descentrado, lo irreductible, lo inclasificable del peronismo permaneció siempre ajeno a esa visión cargada de prejuicio e incomprensión. “Peronismo: la plaza del recordatorio festivo, la del renunciamiento, la de la amenaza de escarmiento, la bombardeada, la del cinco por uno, las prohibidas, las postergadas, las recordadas o programadas para el retorno, las de la liberación y las abandonadas. Las plazas fabriles y febriles que marcaron –para el siglo XX– el aferrable lugar de la ‘historia’ política de lo subalterno, pero fuera de los engranajes gremiales, maquinistas, y de las disciplinas horarias. Para el peronismo –sigue Casullo con esta pintura de una extraña e impresionante diversidad que encerraba, desde su visión, la anomalía que, desde un comienzo, atravesó una experiencia política, social y cultural que no dejó de conmover y de imprimirle su marca a una historia nacional que nunca supo muy bien qué hacer con él–, el lugar de una patria posible de remover. El lugar de las masas del siglo XX, el de las memorias y juramento frente a palacios de gobierno, a caudillos, a palcos gigantescos con sus estéticas de grandiosidad que también acompañó, como época, el parto peronista. Congregación para una idea de sociedad ‘hallada’, como movilización total del pueblo en la fragilidad de una Argentina del 45 incierta, adormecida, migradora, simplemente ‘complementaria’. Plaza de la modernidad apasionada entonces, que extremó y tensó la sociedad hacia la plena historia, y que a la vez deshistorizó instancias y crónicas adversarias. Que incorporó edades y enemigos excepcionales, visibles. Sitio excesivamente verdadero y fantasmagórico a la vez, que tanto el socialismo, el anarquismo, el leninismo, el stalinismo, el fascismo y el nazismo interpretaron de una manera acabada”.

Inquietud de una pregunta formulada en la frontera de otra época que, todavía, no se sabía muy bien hacia dónde iba a rumbear. Captura, sin embargo, de aquello que el progresismo y las izquierdas nunca alcanzaron a comprender del peronismo y que le permitió, a Casullo, reencontrar, en esa encrucijada dramática por la que atravesaba un país en estado de intemperie, la dimensión interpeladora y desafiante que el peronismo, al menos una de sus almas, volvía a plantearle a una sociedad incrédula que estaba convencida del final, ¡al fin!, de ese engendro del demonio que había venido a impedir la realización de la Argentina.

Una provocación, un continuo desacomodamiento de lo establecido, un giro inesperado, una ruptura capaz de anular la lógica de la repetición, una energía transgresora en una época en la que supuestamente ya no era posible la transgresión, un equívoco surgido de lo inesperado, un contratiempo del supuesto devenir necesario de la historia de acuerdo a un plan estratégicamente elaborado por los herederos de la generación del 80, un exabrupto discursivo de un coronel trasnochado acompañado por una mujer insospechada y plebeya, un amontonamiento de odios enceguecedores, el “hecho maldito del país burgués”, todo eso era, en la mirada casulleana, el peronismo. Pero también era su envilecimiento menemista, su travestismo oportunista y su gangsterismo corporativo-sindical que había dejado una marca imborrable hasta llevarlo, casi, a su definitiva decadencia. Fue ahí, en ese tiempo de extravío y entreguismo desenfrenado, cuando todo parecía perdido y convertido en recuerdo de un pasado irrecuperable, cuando, de una inesperada jugada del azar, salió el número que, en el último momento, había comprado ese gobernador venido del sur patagónico que tocaría, entre otras, el alma de Nicolás Casullo.



Largamente se ha escrito sobre el papel de “la fortuna” en la historia de las sociedades. Desde Maquiavelo, el gran teórico inaugurador de estas reflexiones insoslayables, se ha insistido, con suerte dispar, en el análisis de la relación, siempre equívoca y compleja, entre el individuo destacado, el azar de la historia y la fuerza de la voluntad. Horacio González, a la hora de intentar descifrar las peculiaridades del kirchnerismo, se detuvo en esta tradición emblemática de la filosofía política. “La fortuna es la condensación del tiempo en forma perpleja, impensada. En verdad –sigue González–, la fortuna es la virtú como conjunto de pasiones realizativas y de iniciativas intempestivas”. Dos rasgos que le caben a Néstor Kirchner que volvió a mostrar que no “hay moldes en la historia sino acontecimientos puros, tan solo paradojales. La fortuna queriendo aparecer con el nombre de virtú”. En la última etapa de su camino intelectual, después de haber atravesado el páramo de la derrota y de haberse internado por las comarcas de la crítica de la modernidad, Casullo se inclinó hacia el reconocimiento de esa alquimia entre fortuna y acontecimiento a la hora de condimentar con nuevas especias el guiso de la política y, sobre todo, cuando buscó comprender qué traía de novedoso el kirchnerismo. Cruzar, como también hace Horacio González, Marx con Maquiavelo, Perón con Benjamin, constituiría lo compartido de una revisión crítica del estado de la cuestión. Me sumo con la discreción del caso, estimado lector, a esa genealogía teórica.


Creo que Carta Abierta, en lo mejor de su recorrido, guarda ese desafío formulado, en el comienzo de esta historia, por un intelectual nunca dispuesto a abandonar la crítica como instrumento decisivo para “pensar entre épocas” volviendo a sostener la dialéctica entre mundo de ideas y mundo de acción. Casullo, en todo caso, siguió buscando, hasta el final, las nuevas palabras para decir lo propio de un tiempo argentino inaugurado por lo que de a poco fue encontrando el nombre de kirchnerismo. Tal vez porque siempre supo, incluso en los momentos de mayor fervor político y cuando los tiempos parecían maduros para la revolución, que el peronismo era portador de distintos rostros. Que ese algo perturbador e incómodo que lo caracterizó desde su origen seguiría acompañándolo a lo largo de su travesía por una historia que lo festejó y lo rechazó con igual énfasis. También supo reconocer los peligros de un aplanamiento ahistórico, de una mitologización capaz de instalarse en el nuevo fervor juvenil impidiendo la imprescindible revisión crítica de un movimiento portador de sus propios demonios.

Después de la larga marcha por el desierto de la derrota, del exilio y de los travestismos que acompañaron al peronismo, Casullo, y algunos otros con él, señaló la necesidad de sortear la tentación de una unidad ficticia escondedora de lo irreductible, de aquello que desde tiempos lejanos mostró los problemas y los límites de una fuerza política construida bajo la figura paradigmática del “acuerdo nacional”. Él siempre destacó la especificidad trágica que acompañó esos momentos, pocos pero decisivos, en los que el peronismo se asumió como el lenguaje de la justicia social y como expresión multitudinaria de los sin voz. Si algo no sintió como lo propio del peronismo fue el abrazo de Perón con Balbín. El desafío plebeyo, la rebelión de los incontables, la presencia de quienes deberían haber permanecido en un segundo plano, ese en el que habitan desde siempre los subalternos, esos fueron los rasgos –traicionados en muchas ocasiones por el mismo peronismo superestructural, el de los dirigentes– que persiguieron las reflexiones casulleanas y que lo acercaron a la inauguración kirchnerista, allí donde vio en ella lo espectral que retornaba.

En los umbrales de un giro epocal, en el inicio del mandato de Néstor Kirchner, escribió lo siguiente a la hora de intentar pensar el peronismo en relación con este nuevo y confuso tiempo que se avecinaba: “Fondo histórico trágico en síntesis, en tanto espacio comunitario enfrentado a la naturaleza impiadosa de una racionalidad económica y a las formas del conocimiento dominante que destinan. Trágico en tanto admita aunar mito y crítica al mito, sin renunciar a la historia. Un tiempo postpolítico donde ensayar la reanudación de la política como forma de la conciencia social después de la obsolescencia de la revolución obrera y en espacios de una historia por ahora indiscernible, contra un mercado erradicador de toda idea de comunidad, justicia y decisiones soberanas. Postpolítica necesitada de citar al pasado para que las nuevas sensibilidades sociales carnalicen en una historia y se desprendan de la homogeneización globalizadora. Tiempo que permita remover la política popular desde otros lenguajes, señas, palabras y marcos de inteligibilidad. Desde otras imágenes teóricas. Tarea para un país quebrado. El desafío –escribía bajo la impronta de un deseo que sería anticipatorio– es político, entendiendo esta idea en tanto construcción política y filosófica. Representa el pasaje desde lo que fue un orden histórico simbólico –‘Estado obrero’ con su contradictorio camino revolucionario entre bases y dirigencias– hacia otra configuración política popular que ensayística, crítica y teóricamente puede plantearse como un peronismo después del peronismo. Planteo histórico discursivo que, en términos de redespliegue democrático, trabaje para un entre tiempos de difícil construcción de las políticas. Construcción con dos tensiones básicas. Una, desde la memoria nacional contra la licuación de los antecedentes y el cinismo político posmoderno. Dos, desde la inscripción de nuevas identidades sociales y culturales victimizadas, desde otra articulación de Estado-economía, contra las estructuras caducas, corruptas, mafiosas y cadavéricas que hoy dominan la política y sus identidades. En el pretexto de la pregunta por el peronismo quizá se esconda la labranza de un pensamiento de época”.


En los años siguientes alcanzaría a ver de qué modo surgían las nuevas preguntas en el interior de una sociedad que era testigo de un giro vertiginoso de los acontecimientos; giro que volvía a tener al peronismo (¿quizá bajo la forma de un “después del peronismo”?) como centro de otra etapa decisiva de una historia nacional que se negaba a cerrar su deriva por el tiempo. Casullo vio en el kirchnerismo una oportunidad que ni el más optimista de los optimistas pertenecientes a alguna patrulla perdida de los setenta podía haber soñado. Pero no imaginó esa oportunidad bajo el signo de la repetición ni del retorno a lo ya vivido. Por el contrario, creía que la única posibilidad que se le abría al país y al propio peronismo radicaba en no regresar sobre lo ya vivido ni reiterar liturgias apolilladas. Lejos de la melancolía, pensaba que era fundamental encontrar esas nuevas preguntas que sólo podían nacer de ideas y palabras capaces de constituirse desde una perspectiva innovadora.

Ese “peronismo después del peronismo” era lo que parecía ofrecer la emergencia excepcional del kirchnerismo. Y a Casullo le interesaba estar a la altura de ese desafío cargado de vientos sureños y portador, a la vez, de un anacronismo provocador y de una novedad inesperada. Lo que provenía de la tradición y del mito, aquello que permanecía a resguardo de las tempestades de la historia, y aquello otro que sólo podía surgir de un plantarse ante los desafíos del presente con un lenguaje profundamente renovado. La amenaza sería, eso pensaba, quedarse atrapado en la repetición, dejarse atenazar por la fuerza inercial del mito extraviando sus contenidos transformadores. Lo cierto fue, una vez más, que el peronismo volvía a conmover la escena de un país que estuvo al borde de su disolución. Y Casullo se propuso interpelar crítica y políticamente esa nueva escena. Esa es nuestra tarea impostergable de cara al camino que conduce hacia el 2015. 
Por: Ricardo Forster
Fuente: Revista 23

Mabel Maidana, Co Coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Mariotto: “La degradación humana hace que la vida en la cárcel no valga nada y el que egresa del penal entiende que la vida de nadie vale nada”


Infrahumanas condiciones de vida en las cárceles.
 vida en las cárceles.“No solo con más cámaras y más patrulleros se previenen los delitos. El grado de degradación al que se somete a los reclusos genera que haya mayor violencia en las calles”. Esa fue alguna de las dramáticas definiciones que diera el vicegobernador Gabriel Mariotto, en un informe publicado esta semana por Democracia, con la firma del periodista Andrés Klipphan, que reproducimos.

Un informe del semanario Democracia revela porqué cada vez se fugan más presos. El Estado deplorable de las unidades carcelarias, torturas y corrupción en el sistema penitenciario. La mayoría de los detenidos son jóvenes de clases bajas y escasa instrucción. Más del 60 por ciento no tiene condena firme. Una investigación para comprender lo que sucede y lo que hay que hacer para evitar que el sistema carcelario termine de estallar.
Todas las fugas son planificadas. Es decir que los detenidos pagan a los penitenciarios y a los policías una coima para fugarse de un penal o una comisaría para volver a delinquir. Los delitos en las calles son cada vez más violentos porque en los penales de la provincia de Buenos Aires impera un régimen siniestro similar al de la última dictadura militar.
Las unidades penitenciarias son los huevos de la serpiente de la inseguridad. La vida en una cárcel tiene el valor de diez pastillas de psicofármaco: es lo que le dan los penitenciarios a un recluso para que asesine a otro con una faca entregada por el propio Servicio Penitenciario.
En penales bonaerenses se descubrieron desarmaderos de autos. Los vehículos eran robados por los presos a los que liberaban por la noche para que fueran a robar. Actualmente hay connivencia de la policía con el delito; del SPB con el delito; de la Justicia con la policía y con el delito y de la política con la policía, con la Justicia y con el delito.
Estos cruces de connivencia corruptos son los que más complican la seguridad en la sociedad. El total de detenidos en la provincia de Buenos Aires: 29.457 en 54 penales. Es una tasa de 186 internos cada 100.000 habitantes, más alta que la media nacional, que ronda los 150 cada 100.000. El 42% tienen entre 25 y 34 años.
La provincia de Buenos Aires tiene la tasa de detenidos más alta del país. El 44% de los presos de Buenos Aires son desocupados y más del 98% pertenecen a sectores pobres. La forma de disciplinamiento interno es la tortura. Se trata de prácticas que están naturalizadas para los agentes penitenciarios, son sistemáticas y se aplican a todas las personas que están en prisión. Van desde los golpes propinados a mansalva y sorpresivamente para atemorizar a pabellones “rebeldes” a golpes específicos y brutales, pasando por falta de atención médica ante situaciones de pérdida de salud visiblemente graves, asfixia-submarino, puntazos, hacinamiento, falta de alimentación, sin lugar donde hacer necesidades básicas, sin agua.
Dentro del SPB mueren diez presos por mes. Las cárceles son el huevo de la serpiente de la inseguridad, que se traslada a las calles una vez que salen. Lo que sucede en las unidades penitenciarias marca los niveles de violencia en los robos y otro tipo de delitos. Los ex presos que reinciden, y ni que hablar los que se fugan, antes de volver al presidio matan a alguien.
La breve síntesis que acaba de leer es apenas un adelanto de la investigación que a partir de este momento vamos a desarrollar, que está basada en informes oficiales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y en entrevistas propias realizadas entre otros a Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Mariotto, junto a integrantes del CELS, del Senado provincial, de la Comisión Contra la Tortura y docentes de la Universidad de San Martín entre otros, realizó investigaciones en varias unidades penitenciarias dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cuya cúpula fue renovada después de una serie de bochornosas fugas de presos, alguno de ellos inclusive a bordo de un auto de alquiler que los esperaba en la esquina, o supuestamente saltando un alambrado perimetral de tres metros de altura previa construcción de un túnel que nadie advirtió.
Esta investigación surgió después de que dos delincuentes tomaran como rehén a una familia en la localidad bonaerense de Tortuguitas. Uno de ellos, Marcelo Ameijeiras Ríos, el que apareció ante las cámaras apuntando un revólver calibre 38 a la sien de una mujer, se había fugado por el techo de la Comisaría 1ª de Moreno el 9 de septiembre pasado, junto a otros cinco detenidos, después de pagarle5.000 pesos al policía que estaba de guardia. Es el mismo delincuente que en 1999 había sido condenado a prisión perpetua por asesinar a sangre fría a un joven de 22 años a punto decasarse; el crimen lo cometió durante las salidas transitorias que le otorgó una jueza.
Ameijeiras Ríos purgaba una condena de 6 años de prisión por un violento robo a mano armada y antes de eso se había fugado de una prisión bonaerense durante una revuelta organizada entre algunos presos y penitenciarios para favorecer la evasión de peligrosos reclusos. La fuga se inició después de que un integrante del SPB, supuestamente borracho, comenzara a disparar contra algunos presos, varios de los cuales resultaron heridos.
Una de las frases más notorias desgranadas durante la serie de entrevistas realizadas para este informe la pronunció Mariotto, y es la siguiente: “Desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo estamos tratando de implementar políticas para romper la actual connivencia de la policía con el delito; del SPB con el delito; de la Justicia con la policía y con el delito y de la política con la policía, con la Justicia y con el delito. Estos cruces de connivencia corruptos son los que más nos alertan y más complican a la seguridad en la sociedad argentina”.
Para quien escribe estas líneas, la del vicegobernador es una de las declaraciones más fuertes que se han escuchado de boca de un funcionario de jerarquía. El sistema sin duda fue heredado a través de décadas de inacción de políticas desacertadas sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Para ser absolutamente objetivo con este inmenso problema, durante la segunda gobernación de Eduardo Duhalde, el ministro León Arslanian (impulsor de una fenomenal reforma y purga de la entonces llamada “maldita policía” Bonaerense) intentó realizar una profunda cirugía sobre el SPB, pero con la llegada de Carlos Federico Ruckauf el 10 de diciembre de 1999 a la gobernación, bajo el lema “bala a los delincuentes”, la incipiente reforma volvió atrás y las oscuras noches de palazos y picana a los presos y corruptela entre los penitenciarios volvió a prevalecer.

Las fugas en números
Las casi diarias e increíbles fugas de detenidos pusieron una vez más el ojo de la sociedad y de los funcionarios sobre el sistema penitenciario. Máxime al comprobarse que apenas el 25 por ciento de los presos (con suerte) son recapturados, y cuando esto ocurre, la mayoría de ellos caen durante un acto delictivo, como por ejemplo el robo de un banco, de un kiosco o, como en el último caso, en una toma de rehenes derivada del intento de robo a una casa.
Solo en la provincia de Buenos Aires y en lo que va de este 2013 se fugaron 107 presos de cárceles y comisarías. Es el mayor número de evasiones en la historia del SPB. Según los datos que constan en la Procuración General y a los que accedió “Democracia”, desde 1998, año en que Eduardo Duhalde intentó hacer una profunda reforma policial, judicial y del SPB después del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias José Luis Cabezas, solo en el Departamento Judicial de La Plata (que incluye los municipios de Ensenada, Berisso, Magdalena, Brandsen, Punta Indio,Saladillo, Roque Pérez y Lobos) se registraron 577 causas vinculadas con episodios de fuga de presos, de las cuales tan sólo 14 llegaron a instancia de juicio y apenas seis de ellas tuvieron sentencia condenatoria contra el preso que escapó y contra los penitenciarios que posibilitaron el escape.
La información acumulada revela que de esas 577 causas abiertas por los delitos de “evasión” y “tentativa de evasión” 298 fueron archivadas, 243 están en etapa de investigación, 16 fueron elevadas a juicio pero aún sin fecha, 14 fueron debatidas en audiencias públicas, y de esas en solo 6 casos hubo condenas leves. Tan leves que ninguno de los penitenciarios involucrados en la fuga de presos terminó encarcelado.
El dato es lastimoso. Quiere decir que tan solo el 1,039% de los expedientes por evasión o intento de fuga llegaron a tener condena. Prácticamente nada. Lo que explicaría, en parte, por qué cada vez son más los presos que se escapan. Y otro dato no menor: en ninguna de esas condenas a los penitenciarios encontrados culpables por hechos de corrupción se los obligó a devolver el dinero pagado a modo de soborno por los internos. Una vergüenza.
En este punto vale aclarar que cada expediente abierto se trata de un hecho en el que participaron uno o varios reclusos fugados. Es decir que si en una evasión se escapan 13 detenidos, se abre un solo expediente y no 13.La menor cantidad de causas abiertas por escape de internos ocurrió en 1999, con cinco fugas, mientras que hasta el 15 de noviembre pasado se abrieron 107 investigaciones por fugas. Un dato único. Hasta ahora el récord de evasiones había ocurrido en 2009, con 64 causas abiertas.

“El huevo de la serpiente”
Gabriel Mariotto y una de sus asesoras, Martha Arriola, conocen y muy bien al Servicio Penitenciario Bonaerense. Como vicegobernador de Buenos Aires y titular de la Cámara de Senadores, encabezó un recorrido a lo largo de varias unidades carcelarias, entre ellas la 46 de San Martín. Arriola participó de la intervención policial encabezada por Luis Lugones y León Arslanian, y detentó cargos como el de la Subsecretaría de Minoridad.
Es decir que ambos tienen autoridad para expresar sus opiniones sobre un tema tan preocupante. A pesar de eso sorprenden las descarnadas declaraciones que realizaron ante este semanario: “Los institutos de menores y penitenciarías tienen una situación muy compleja. No cumplen con el precepto constitucional de que las cárceles tienen que ser sanas y limpias y tienen que estar acondicionadas para la seguridad y no para la represión”, comienza el ex titular de la Afsca y redactor de la flamante Ley de Medios, y agrega: “En la Unidad 46 de San Martín nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución. Allí corroboramos situaciones que degradan la situación humana en forma muy violenta y que generan más inseguridad, que vuelven más agresivos a los internos”.
–¿Por ejemplo?
–En celdas en las que tiene que haber dos reclusos, hay siete pero con tres colchones. La comida se parece a un barro intragable, y el agua no es potable. No solo por una cuestión básica y de humanidad y respeto a los derechos humanos hay que cumplir como se debe con el precepto constitucional.También para prevenir futuros delitos.
–¿A qué se refiere?
–No solo con más cámaras y más patrulleros se previenen los delitos. El grado de degradación al que se somete a los reclusos genera que haya mayor violencia en las calles. Durante nuestra recorrida por la Unidad 46, los reclusos nos decían que los propios penitenciarios les entregan facas para que los presos se maten entre ellos o se generen disturbios para que se escape algún preso con el que ya estaba todo arreglado, previo pago de una coima, o para que se asesine a alguno que no pagó lo que debía o declaró contra el Servicio Penitenciario o contra algún funcionario. Los presos nos dijeron que allí dentro sus vidas valen diez pastillas.
–Perdón, pero no entiendo.
–Claro, un recluso me decía que los propios los guardias le dieron una faca, y si mataba con eso a otro recluso lo premiaban con diez pastillas de psicofármacos. Ese mismo preso me dijo que él no aceptó el trato porque ya salía, pero otro sí lo hizo. Ahora, si la vida de un preso vale diez pastillas de droga, para esos presos fuera de la cárcel la vida sigue valiendo diez pastillas, porque ese ciudadano privado de su libertad, con tal de no volver a ese lugar de marginación, de humillación y de degradación humana, es capaz de resistir violentamente otra detención, y antes de entregarse a la autoridad, matar a otro. Creo que toda la sociedad tiene que tomar conciencia de que el Estado tiene que cumplir con el precepto constitucional y con la matriz humanitaria de salir de esa situación de injusticia terrible.
Durante la entrevista, el vicegobernador recordó algo de connotaciones siniestras: “A las dos horas de retirarnos de la Unidad 46 asesinaron a un preso con una faca entregada por los penitenciarios.Al asesino lo trasladaron a otra unidad. A la hora de llegar, lo mataron a él. Y con el mismo métodoese mismo día asesinaron a otro joven en la Unidad 1 de Olmos. Es decir que como represalia por nuestra visita, mataron a tres detenidos.
–¿Qué sensación le quedó después de visitar las cárceles bonaerenses. Yo vi las fotos y es tremendo.
–No pude dormir. Pero además de los tres colchones para los siete presos, los alimentos incomibles, los colchones rotos y la suciedad, hay otras cosas igual de graves. Por ejemplo, va un dentista por semana durante una hora, una hora semanal para 500 personas; por eso los presos no tienen dientes y los que les quedan están podridos. Me daban ganas de llorar. Hay ciudadanos con las vesículas terriblemente inflamadas, hinchadas porque no son operados.La degradación humana que se vive ahí adentro hace que la vida en la cárcel no valga nada y el ciudadano que egresa del penal entiende que la vida de nadie vale nada. Esos presos tienen padres, madres, hijos, mujeres, que ven todo eso y se llenan de odio.Que quede bien claro, la violencia que se vive en los penales se traslada indefectiblemente a las calles cuando salen más alienados de lo que entraron, ocuando se escapan. Ya lo vimos el otro día con la toma de rehenes en Tortuguitas. Allí no murió nadie de casualidady por la pericia con la que actuaron las fuerzas policiales.
–¿Y qué propone?
–Hay que reformar el sistema delServicio Penitenciario Bonaerense.Las cárceles deben ser de rehabilitación,no de castigo. Desde el Poder Ejecutivoy el Legislativo estamos tratando deimplementar políticas para romperesa connivencia de la policía con eldelito, del SPB con el delito, de laJusticia con la policía y con el delito yde la política con la policía, con laJusticia y con el delito. Estos cruces de connivencia corruptos son los quemás nos alertan y más complican la seguridad en la sociedad argentina.

“Impera un régimen de terror”
El periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, integró la delegación que junto a Mariotto recorrió la Unidad Penal 46 de la localidad bonaerense de San Martín. Como el vicegobernador, Verbitsky entiende que “Los penales bonaerenses son la matriz que genera la violencia creciente en las calles del país. Lo que pasa en las cárceles marca los niveles de violencia. Si los niveles de violencia son tan altos en la sociedad, en los asaltos, en los intentos de robo, es porque dentro de las cárceles ocurren aberraciones contra sus personas, desde vejaciones hasta torturas. En las cárceles bonaerenses impera el régimen de terror de la última dictadura militar y eso se traslada a las calles”.
El autor de “Robo para la corona” entiende que en la provincia de Buenos Aires “también tiene que cambiar la Justicia, porque al día siguiente de nuestra visita al Complejo Penitenciario Conurbano Norte, un tribunal oral de La Plata absolvió a dos penitenciarios por la violación, tortura y asesinato de un preso cuatro o cinco años atrás. Estaban todas las pruebas y también las pruebas de la manipulación de algunas de ellas, porque en la media hora en que torturaron, violaron y mataron al preso las cámaras de seguridad se detuvieron. En la causa quedó acreditado a través de pericias que este hecho no fue por un problema técnico sino que se apretó el botón de parar la filmación de las cámaras de seguridad para que los penitenciarios actuaran con total impunidad, y sin embargo los jueces los absolvieron”.
Para Verbitsky esto ocurre porque “el Servicio Penitenciario colonizó a la Justicia bonaerense” ya que “hay una buena cantidad de jueces que previamente han pasado por el SPB, y el servicio tiene una política, a través del ministro (de Justicia) Casal, de ir colocando a esos abogados en los tribunales de la provincia de Buenos Aires para garantizar la impunidad y perpetuidad de este sistema de crueldad que genera más y más violencia dentro y fuera de las cárceles”.
Como lo hizo Mariotto, el presidente del CELS recordó que durante la recorrida por el “Complejo Penitenciario Conurbano Norte entregaron al vicegobernador una gigantesca cuchilla y dos facas y acusaron de proveérselas a dos subdirectores de la Unidad Penitenciaria 47, los prefectos Roberto B. Arancibia (de Asistencia y Tratamiento) y José Feliciano Burgos (de Seguridad). Agregaron que con esas armas debían atacar a otro interno, que había denunciado maltratos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.Ese fue el sorpresivo final de la inspecciónque Mariotto realizó acompañado por autoridades judiciales, la Comisión Provincial por la Memoria(CPM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS). En el acto de entrega de las armas también estuvo presente la víctima contra quien debían usarse, Hugo Alberto Cabrera González”.

“Se busca neutralizare incapacitar al preso”
La especialista Martha Arriola, basada en su experiencia en el terreno,relató lo que ocurre no solo en el SPBsino en la generalidad de las cárcelesdel país. Su relato es escalofriante.En forma textual, la ex funcionaria bonaerense le dijo a “Democracia”: “La forma de disciplinamiento interno de los penitenciarios hacia  los detenidos es la tortura. Se trata de prácticas que están naturalizadas para los agentes penitenciarios. Son sistemáticas y se aplican a todas las personas que están en prisión. Van desde los golpes propinados a mansalva y sorpresivamente para atemorizar a pabellones ‘rebeldes’ a golpes específicos y brutales dados a quienes hay que castigar más ferozmente, pasando por falta de atención médica ante situaciones de pérdida de salud visiblemente graves, asfixia-submarino, puntazos, hacinamiento, falta de alimentación (hay ejemplos de pérdida de peso muysignificativa), aislamiento (se trata de encierros prolongados en pequeñas celdas en las que pueden estar prácticamente sin ropas, sin lugar donde hacer necesidades básicas, sin agua, donde se los confina para aumentar el castigo; el fundamento es que hay que dar prioridad a laseguridad interna y suelen llevar a esta situación a protagonistas de tensiones o enfrentamientos internos), robo de pertenencias. En los penales hay presencia de ratas, falta de colchones, etc. Se han identificado también golpes en las plantas de los pies o en los oídos.
”La lógica que sostiene estas prácticas implica que quienes están castigados merecen ese trato. Debe devolvérseles en parte el daño causado a la sociedad a través del delito que hayan cometido, y eso se logra provocando intencionadamente dolor y sufrimiento en el preso. Se busca neutralizarlo, incapacitarlo.”
Los datos que aportó Arriola para esta investigación asustan. “En el año 2011 hubo 127 muertesen los penales bonaerenses según el informe de la Comisión por la Memoria (CPM), a razón de diez muertes por mes. Hubo 18 suicidios. Como ejemplo, sobre 54 muertes ocurridas en cárceles del departamento judicial de La Plata, solo 34 tienen causas iniciadas para que sean investigadas, las otras 20 no. Ese mismo año se reportaron casi 10.500 hechos violentos, más de 28 por día. Esos son los informados, lo que indica que se trata de muchos más. De ellos, seis diarios son hechos de represión con empleo de balas de goma”.
“El 56% de estos hechos de violencia corresponden, según informa el SPB, a ‘conflictos entre internos’ y el 28% a conflictos que ‘involucran al personal penitenciario’. Lo que hemos visto es que es el personal penitenciario (o policial, porque en muchas provincias de la Argentina aún no hay escalafón penitenciario y la población carcelaria está en manos de la policía) administra esos conflictos, regula el ingreso y distribución de sustancias prohibidas, llámense drogas o psicofármacos, de objetos punzantes, etc.”
“En las cárceles todo se compra y se vende, llegando a casos como el escandaloso hecho de la Unidad 48 en marzo de 2011, donde se denunció y comprobó que las autoridades del penal sacaban a los presos para delinquir. En el penal funcionaba un desarmadero de autos robados. Justamente en una de las recorridas que hizo el vicegobernador Gabriel Mariotto a la Unidad 48 y a Olmos se verificarían muchas de estas irregularidades. A partir de estas visitas se desató una represalia interna que se llevó la vida de cinco presos.” “En cuanto a las fugas, siempre se planifican.”

“Para crear conmoción social”
Las fugas de presos que son noticias frecuentes en las páginas policiales no son solo patrimonio del SPB; el Sistema Penitenciario Federal también sufre la misma problemática y en esos casos también las sospechas de corrupción rodean cada uno de esos escapes. De hecho, la disparatada fuga de 13 reclusos del penal federal de Ezeiza después de cavar un túnel y saltar el tejido perimetral de tres metros de altura terminó con el desplazamiento del titular del SPF, Víctor Hortel.
Más allá de todas las especulaciones que rodean a la fuga y la suerte de Hortel, creador del cuestionado “Vatayón Militante” que permitía la salida de presos para participar en murgas y bandas musicales, la Justicia investiga si el insólito escape está vinculado a una sórdida disputa entre penitenciarios por supuestos “negocios carcelarios” como la venta de drogas y los sobreprecios en la compra de vehículos, camas y alimentos como ocurrió históricamente, pero a los que Hortel había puesto en jaque despuésde tomar varias medidas administrativas que intentaban poner freno a esos hechos corruptos.
Al menos así lo cree el fiscal de la causa, Adrián García Lois, quien ya le pidió al juez federal Carlos Ferreiro Pella que investigue “la participación del personal” penitenciario en el gran escape. El procurador de Lomas de Zamora consideró que “la fuga no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de los guardias”, por lo que “señaló la responsabilidad penal por evasión culposa de varios funcionarios del Servicio”. Y por su parte, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, indicó que hubo “complicidades” fuera y dentro de la unidad carcelaria.
A pocas horas de su desplazamiento, Hortel le había dicho a la agencia oficial de noticias Télam: “Es una factura que me pasan desde el Servicio por el proceso de transformación que implementamos”; explicó que “el núcleo duro de la fuerza no quiere perder los negocios, las prebendas” y recordó que entre otras medidas pretendió resentir lo que se conoce como “la caja” del núcleo duro del SPF, lo que fue publicado en el Boletín Público Normativo Nº 460 del Servicio Penitenciario Federal el 6 de junio de 2012. Se trató del “Protocolo de procedimiento de control de ingreso y egreso a establecimientos penitenciarios federales”cuyo fin era erradicar, fundamentalmente,el negocio de las drogas que se filtraba en las cárceles.
También, el 17 de junio de 2011, se aprobó la “Guía de procedimientos para el uso de sistemas de detección de trazas en establecimientos penitenciarios”.“El objetivo fundamental de este sistema es detectar el ingreso de elementos no permitidos en establecimientos penitenciarios (estupefacientes,armas, explosivos, celulares,etc.)”, según la resolución D.N. Nº 817.Además, con el objetivo de disminuir los índices de violencia institucional,el 12 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Público Penitenciario Nº 3.023 algo que no fue bien visto por un sector del SPF. Esto es la “abstención de ejercicio de defensa profesional (art. 37 inc. Ñ de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº 20.416)”, por la que se estableció que los abogados del SPF no intervinieran en la defensa de los guardias acusados por torturas.
Ahora todo está en manos de la Justicia. Pero las sospechas de connivencia entre el personal penitenciario y los presos parece un hecho, más allá de las motivaciones.Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, no diferenció el SPB y el SPF cuando opinó que algún sector de la política podría estar detrás de algunas fugas. Deslizó que punteros políticos de algunos intendentes podrían estar vinculados a algunos presos que se fugaron deforma insólita de cárceles y penales.
Berni sostuvo que esas evasiones, y los delitos que cometen los presos escapados, como la toma de rehenes de Tortuguitas, están destinados a “generar conmoción social”.Si bien no aportó datos, los dichos fueron realizados después que el delincuente que tomó de rehén a una familia, incluida una niña de 9 años, dijo ante las cámaras de TV que él mismo había solicitado: “Me escapé pagando de los penales”. Después confesó que de la Comisaría 1ª de Moreno se fugó por el techo después de sobornara la policía “con cinco mil pesos”. También involucró en las fugas al gobernador Daniel Scioli (al que no mencionó por el nombre) y a su ministro de Justicia, Ricardo Casal, a quien también mencionó solo por el cargo.
Tanto uno como otro salieron a desmentir a Marcelo Ameijeiras Ríos y recordaron que es un delincuente condenado por el homicidio de un joven de 22 años y que dice cualquier cosa para mejorar su situación dentro del penal. Scioli, además pidió que lo trasladen al penal de máxima seguridad de Sierra Chica, lugar donde fue alojado el último fin de semana.
Mientras tanto, desde la gobernación bonaerense siguen muy de cerca la presunta vinculación de este asesino con un puntero político vinculado aun importante ex intendente de la zona oeste del Gran Buenos Aires considerado como uno de los “Barones del conurbano”.
–¿Usted cree que detrás de estas fugas y la toma de rehenes de Tortuguitas hay una mano negra de la política?–le preguntó este semanario a Mariotto, y este respondió en forma optimista:
–No lo vinculo a nada coyuntural.Son cuestiones estructurales de connivencia entre Servicio Penitenciario,Justicia y política que van explotando.Cuando hice esta misma acusación después de recorrer la Unidad 46,los jueces, los políticos, salieron a destrozarme, pero ya lo vemos, lamentablemente tenía razón. Pero trabajando juntos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo vamos a dar batalla y ganar.

Futuro
Para la ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad bonaerense y ex subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires,Martha Arriola, uno de los principales objetivos de los funcionarios bonaerenses para mejorar el sistema carcelario es “superar la tortura como método sistemático de disciplinamiento y la perversa realidad descripta” a lo largo de esta investigación.
Para la ex funcionaria esto “implica apostar a un cambio de paradigma que, además, necesariamente debe plantearse para todo el sistema. Es un sistema conformado por cuatro grandes subsistemas: seguridad (policía),Servicio Penitenciario, Poder Judicial (jueces penales) y ministerio público (fiscales y defensores)”. Para la especialista, ninguna reforma funcionará“si no es en el contexto de un plan estratégico que haga de la multiagencialidad (articulación de ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo) el eje vertebrador central. Es decir que hay que sostener un plan estratégico integral en el tiempo”.
La reforma comenzó a destiempo,o mejor dicho antes del tiempo político necesario para desplegarla. Martha Arriola recuerda que en la provincia se iniciaron varias reformas al sistema carcelario, pero todas quedaron truncas porque aún no se había instalado en el país “el proyecto nacional que encabezó Néstor Kirchner. Pienso que una de las razones por las cuales no alcanzó mayor desarrollo la reforma en ese momento fue justamente porque no estaba aún Néstor en el poder”, y destaca que “La segunda etapa de esta reforma penitenciaria y policial en Buenos Aires (2004- 2007) sí se inscribe en el proyecto político nacional que inicia Kirchner, pero convengamos en que había otras prioridades,justamente por concebir la seguridad como un derecho a adquirir cuando se ha avanzado sobre otros”. Destaca que “Será recién en el 2010 cuando Cristina Fernández resuelva la creación del Ministerio de Seguridad de Nación, cuando se dé una señal relevante poniendo en escena la problemática y separando la de la gestión de Justicia y Derechos Humanos”.
Tanto para el vicegobernador Mariotto como para Arriola, la solución a la inseguridad, fuga de presos, corrupción enquistada en los poderes políticos, judicial y policial, no parecen tan complicados. Aunque para nosotros, los hombres de a pie que sufrimos la inseguridad en las calles,esas medidas parecen lejanas.
Dice Arriola: “Pienso que es preciso retomar las banderas de los comienzos de este proceso revolucionario:más gobierno político de la seguridad y la justicia, más democratización de todo el sistema, más proyecto nacional, más humanidad, más medidas alternativas a la privación de libertad porque hay un 62% de presos con prisión preventiva…¡es un disparate! Los penales son ciudades con población y territorio: necesitan buenos intendentes,con pensamiento estratégico, con recursos y equipos de gobierno, que mejoren la calidad de vida de internos y celadores. Que ‘copien’ la línea del proyecto mayor. Se necesitan cuadros, compromiso, mística. ¡Tambiénpara los operadores de la Justicia!”.
¿Será esto posible? La respuesta queda abierta. El desafío para las autoridades también.

El 98 por ciento de los presos son de clase baja
Está claro que la pobreza no es una justificación para que un hombre, una mujer o un menor abracen al delito como forma de ganarse la vida. Sin embargo los detenidos que pueblan las cárceles bonaerenses son mayoritariamente de ese extracto social. También tienen escasa educación. En ambos casos queda claro que el Estado está ausente o en todo caso no se les brindan las herramientas necesarias para abrirse camino por la vida. Hay especialistas que sostienen que en los penales hay mayoritariamente pobres porque no tienen dinero para pagar un buen abogado que los aleje de las rejas mientras se sustancia el juicio en el que se resolverá si son culpables o inocentes.
Como se verá, la mayoría de los detenidos no tiene sentencia firme, y en un buen porcentaje son declarados inocentes después de pasar hasta cuatro años encerrados en condiciones inhumanas.
Las explicaciones son variadas. También las interpretaciones, las razones y las consecuencias. Vale la pena que cada lector tome partido y encuentre sus propias respuestas. Para eso “DEMOCRACIA” acerca a sus lectores las últimas cifras publicadas por el Servicio Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (fuentes: SNEEP) y Ministerio de Seguridad yJusticia de la Provincia de Buenos Aires recopilados en sendos informes de la Comisión por la memoria y el CELS.
El total de detenidos en la provincia de Buenos Aires es de unos 28.000, distribuidos en 56 penales. Esto es una tasa de 186 internos cada 100.000 habitantes. Es más alta que la media nacional, que ronda los 150 cada 100.000.
El informe sobre “Personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires” elaborado por la “Comisión Mariotto” destaca sobre los datos estadísticos que “el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado por el Indec durante el año 2010 estima que la población total de laprovincia de Buenos Aires asciende a 15.625.084 habitantes, de los cuales 27.764 se encuentran alojados bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es decir que el 0,18% de la población se haya privada de su libertad, albergada en los diversos modelos de detención que posee la provincia: comisarías, alcaidías departamentales y penales, unidades carcelarias y el programa Casa por Cárceles. Esto es el índice más alto del país.
El 42% de los internos tienen entre 25 y 34 años, 28% entre y 24, 18% entre 35 y 44 años. Es decir que el 70% de la población carcelaria está entre los 18 y los 34 años. El 62% de los internos tiene prisión preventiva, es decir, no están condenados, están a la espera de una sentencia (que los libere o quede firme), pero mientras tanto la cumplen y en condiciones infrahumanas.
El 28% de los internos tiene primaria incompleta. El 44% terminó la primaria. El 14,4% tiene secundaria incompleta. Es ínfima la proporción de personas con secundario completo. El 7,6% no tiene ningún tipo de estudio.
El 44% son desocupados, el 36% son ocupados de tiempo parcial, el 20% con alguna ocupación de tiempo completo. Más del 98% pertenecen a sectores pobres. Es decir, prácticamente todos.
Fuente: Agepeba
Mabel Maidana, Co Coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta




lunes, 11 de noviembre de 2013

PAPEL PRENSA EN LAS ACTAS SECRETAS DE LA DICTADURA MILITAR


Las actas secretas de la dictadura que prueban la apropiación de Papel Prensa


La nota de Daniel Cecchini publicada por el diario Miradas al Sur este domingo 10/11/13 muestra las primeras pruebas de aquello que durante años se hizo público sobre la vinculación del multimedios Clarín, su Ceo el contador Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, directora del diario, así como Bartolomé Mitre, ex director de La Nación.

Las actas de la dictadura aportan densidad a las declaraciones de la familia Graiver, de Lidia Papaleo de Graiver sobre su tortura para que firme la venta de las acciones de Papel Prensa. No se conoce mucho más aún, pero quizá se pueda saber algo más sobre el "accidente" de David Graiver en México en agosto de 1976.

La nota:

Un equipo jurídico del Ministerio de Defensa encabezado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la cartera, Graciana Peñafort, trabajaba contra reloj para responder a requerimientos judiciales, en el marco de diversas causas, relacionados con las actas secretas de la Junta Militar de la última dictadura halladas la semana pasada en el subsuelo del Edificio Cóndor. entre esos requerimientos hay uno del titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 10, Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, para que le sean entregados los originales de los documentos donde se menciona a esa empresa y al Grupo Graiver.

Consigna Daniel Cecchini que las actas de la junta donde se alude a Papel Prensa son 15, y no 13 como se informó en un primer momento, ya que luego del anuncio del ministro Agustín Rossi los funcionarios encargados de revisarlas encontraron otros dos documentos. De ser entregados en el juzgado a principios de la semana que comienza, el recorrido de esos documentos desde las catacumbas de la Jefatura de la Fuerza Aérea a la cartera de Defensa y, desde ahí, a la sede judicial se habría hecho con extraordinaria rapidez, sobre todo si se lo contrasta con la llamativa lentitud con que avanza la causa que investiga el traspaso irregular de las acciones de la empresa que Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo Graiver se vieron obligados a hacer bajo amenazas de secuestro y muerte entre principios de noviembre de 1976 y mediados de marzo de 1977.

Según la Fuerza Aérea, las carpetas con 280 actas de las juntas militares – entre las cuales se encontraban las 15 relacionadas con Papel Prensa - fueron halladas el jueves 31 de octubre. A principios de esta semana, el ministro Agustín Rossi hizo el anuncio. Al mismo tiempo, funcionarios de esa cartera analizaban el material con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, para evaluar su importancia jurídica. Inmediatamente el juez Ercolini envió a la cartera de Defensa un requerimiento solicitando esos originales para incorporarlos a la causa caratulada “Magnetto, Héctor y otros / delito de acción pública”.

En la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini. La muerte les permitió escapar de la acción de la Justicia al dictador Jorge Rafael Videla, al primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos.

Pruebas irrefutables. 
Catorce de las quince actas de la Junta Militar en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el hallazgo ocurrido en el Edificio Cóndor. Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los 80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetrados por la dictadura. En esa oportunidad Massera no aportó documentación alguna.

Hasta ahora, el juez Ercolini sólo disponía de una copia del acta N°14, donde está asentada la autorización de la Junta Militar para la transferencia de la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa (51%) a Clarín, La Nación y La Razón. El acta tiene dos anexos de singular importancia, porque muestran el poder de negociación de los tres diarios frente a sus cómplices militares de la apropiación. El primero establece la transferencia del 51% de las acciones a los tres diarios, pero además los obliga a transferir el 49% de ese 51% a diarios del interior del país. En el segundo anexo, esta última medida queda sin efecto por pedido expreso de los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación. Ahora el magistrado tendrá en sus manos el original.

Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la junta, el secuestro ilegal y posterior “blanqueo” de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa. “En los documentos queda asentado con claridad que los miembros de la junta tratan los dos temas juntos, que hay una unidad temática, que no son dos cosas separadas. Esto es de una importancia probatoria imposible de soslayar”, dijo a Miradas al Sur una alta fuente del Ministerio de Defensa. La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión “Papel Prensa” dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar.

El acta N° 20, del 14 de abril de 1977, es una de las más claras en ese sentido: en ella se precisa que “no se debe demorar el proyecto” de la papelera (en ese momento se estaba terminando de construir la planta de San Pedro) y que hay que resolver la situación de los integrantes del Grupo Graiver para evitar que cobren “las sumas por las acciones vendidas”. En ese momento, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo se encontraban desaparecidos en el Pozo de Banfield luego de haber sido secuestrados por los grupos de tareas al mando del entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, en lo que los represores llamaron “Operación Amigo”.

En el acta anterior – la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver ya habían secuestrados pero aún no habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo – los miembros de la Junta Militar se refieren a ellos como “arrestados”. La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores. Tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa – realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977 – por un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.

El acta N° 23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el “Caso Graiver” son indisolubles. Allí se dice textualmente (en el punto 2.1 del documento): “Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario”. Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliares del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver.
La Nación comunica la propiedad de Papel Prensa
Cronología de una apropiación. 
Como se dijo más arriba, las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977. Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para “comprar” la empresa.

La noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, Lidia Papaleo, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del Grupo en Papel Prensa, Rafael Ianover, firmaron la “venta” de las acciones a los tres diarios. Allí, esa noche, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200 al firmar. Para ese momento el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa.

Lidia Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma. Al salir del edificio, la viuda de Graiver tuvo un breve intercambio de palabras con el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, quien le dijo que, si quería salvar su vida, se fuera inmediatamente del país. Por su parte, Rafael Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos. “Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Mintió, porque en abril me secuestraron”, testimonió Ianover ante la Justicia.

Debido a que María Sol – la hija de David Graiver y Lidia Papaleo – era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones. El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial. El 14 de marzo, Lidia Papaelo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Rafael Ianover. Los dictadores y los propietarios de los tres diarios ya no los necesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación.

Las actas de la junta halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor dan cuenta del interés con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período.

Secuestrados y "juzgados". 
A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de “los arrestados” en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa. De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central. La declaración de Lidia Papaleo en la causa no deja dudas. En foja 247 dice: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban (cambio a foja 248) la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”.

Otro tanto hace Rafael Ianover: “Que recuerda que ello (su secuestro) no le llamó la atención pues ya se encontraban detenidos los miembros de la familia Graiver” (fojas 221). “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que el día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223).

Dictadores y editores: cómplices. 
El general Bartolomé Gallino, nombrado por Ianover como “preventor”, fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando fueron finalmente “blanqueados” luego de más de un mes de detención clandestina. Las actas de la Junta Militar confirman que los comandantes seguían de cerca este proceso.

A mediados de 2011, Miradas al Sur (en una nota firmada por Eduardo Anguita y quien esto escribe) reveló la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al secretario general de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal. En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón. Encuentros que mantuvo, llamativamente, en tres ocasiones diferentes pero siempre antes de interrogar a los integrantes del Grupo Graiver. La primera de esas jornadas –que tenía la modalidad de primero hablar con quienes ya se habían apropiado de Papel Prensa y luego con los humillados y despojados verdaderos propietarios– contó con la participación de los dueños de los tres diarios. La segunda vez, Gallino se encontró con los representantes legales de los tres medios y el secretario de Industria de la dictadura, mientras que la tercera vez fue con propietarios y representantes legales juntos. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a “los arrestados”, y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas".

La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino – hombre de confianza de Videla – se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas.

Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas. En Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976 sino que revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación. La periodista conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal –en 1998 y en 2002–, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002. Los dos entrevistados le relataron a Mochkofsky cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver. En la segunda parte de su libro, Mochkofsky narra con lujo de detalles el proceso por el cual la empresa llegó a manos de Clarín, La Nación y La Razón. En la página 75 dice: “Emisarios del gobierno militar hablaron entonces con representantes de los diarios. ¿Por qué seguir con el proyecto de Fapel, que existía casi en teoría, cuando Papel Prensa tenía asignados préstamos y créditos del Banade, era una sociedad constituida, con la planta en construcción, participación y avales del Estado… y el impulso del gobierno? Los diarios aceptaron. Mientras se dirimía la batalla entre Videla y Massera, Villarreal se reunía con Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre por La Nación, y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Una vez que la pelea interna en la Junta fue ganada y los detalles acordados, representantes de los tres diarios se reunieron con Videla”.

En una de las notas al pie, Mochkofsky explica: “Patricio Peralta Ramos me contó en 2002: ‘Nosotros hicimos un proyecto propio, Fapel, Clarín, La Nación y La Razón. Pero en un momento llegan del gobierno y nos dicen: ¿para qué siguen con eso si pueden seguir con esto (Papel Prensa)?’”. El testimonio del ex director de La Razón está registrado en una cinta. En la otra nota al pie de esa página, la periodista relata: “Así me lo contó el general Villarreal en reuniones que mantuvimos en abril de 1998 y mayo de 2002, en su departamento de avenida Santa Fe. Dijo que se reunía con ‘Bartolito Mitre, Peralta Ramos y Magnetto, que venía por Clarín’ y que ‘primero hablaban conmigo y recién al final hablaron con el Presidente, mientras se iba haciendo todo’”.

Ahora, la incorporación de las quince actas de la Junta Militar a la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa por parte de los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón aportará una prueba documental de vital importancia para el juzgamiento de sus responsables. Porque confirman de manera fehaciente que el despojo de la empresa fue una maniobra orquestada por los dictadores y sus cómplices mediáticos utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.

Mabel Maidana, Co coordinadora Comisión Nicolas Casulla
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta

domingo, 3 de noviembre de 2013

LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL ES CONSTITUCIONAL


Por Gabriel Mariotto. Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Lo sabemos desde aquella imborrable vigilia en el Senado de la Nación, cuando en la madrugada del 10 de octubre de 2009, por amplia mayoría, se dio luz a la norma que tanto esperó la democracia para redistribuir el derecho a la palabra.

Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que trabajar muy duro. Antes de su presentación como proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, en foros de participación ciudadana, en lectura de legislación comparada, en la búsqueda del mejor articulado, en la recepción de aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Luego se aportó en la Cámara de Diputados que celebró audiencias públicas y que incorporó mejoras a una ley de plena construcción colectiva.

Una vez sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras hubo que seguir trabajando. Para superar una a una las cautelares interpuestas, para llevar a la Justicia de primera y segunda instancia y hasta la propia Corte de Justicia de la Nación las razones que legitimaban y sustentaban su constitucionalidad. Podemos decir que hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento ante toda la sociedad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de interés para toda la ciudadanía porque instaura un nuevo paradigma que bien lo saben quienes trabajan en el campo de la comunicación: a través de los medios de comunicación audiovisual se concreta el derecho humano a la comunicación no sólo en su dimensión individual sino con más fortaleza, en la dimensión colectiva, tal como lo ha señalado la Corte en su reciente fallo. En este sentido, el máximo tribunal rescata que en lo que atañe a la faz colectiva del derecho a la libertad de expresión, se intensifica la necesidad de intervención y regulación por parte del Estado.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un tema atractivo de por sí. Es un tema árido, de poco "gancho" dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la Asignación Universal o el Plan Procrear, dos medidas que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo de manera contundente e inmediata, esta ley, siendo de importancia vital para la sociedad toda, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación, el mundo político, el empresarial, el académico, el de las organizaciones sin fines de lucro, el sindical, el cooperativismo, en definitiva, en los sectores que por lidiar con los medios día a día conocían las perversiones que con la ley anterior y sus modificaciones había que padecer por parte de los otros grandes interesados, los dueños de los medios concentrados.

El largo tiempo transcurrido desde su promulgación hasta el día de hoy en que podemos festejar su constitucionalidad ha servido para que la difusión de la ley y el reconocimiento de los actores que la defendían y de los que la atacaban, le diera a la sociedad toda nuevos datos acerca de la importancia que revestía la ley, los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría el viejo Nietzsche "todo lo que no te mata te fortalece" y eso fue lo que precisamente ocurrió con esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La instalación a través de litros y litros de tinta y horas y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la Ley. Mucho le debemos agradecer a esos medios concentrados y a sus estrategas de la comunicación los niveles de encendido que alcanzó la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, y que fue en definitiva el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad toda. La Audiencia Pública constituyó un rico debate en el cual la sociedad volvió a participar recibiendo datos nuevos, viviendo en tiempo real los argumentos de una y otra parte.

No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar como una joven y brillante profesional en representación del Estado se enfrentó a todo un equipo de abogados, sin más armas que el profundo conocimiento de la ley y el sentido común. Como si fuera una de esas brillantes jugadas a las que nos acostumbraron Maradona, Messi o Garrafa Sánchez (salud Banfield querido) una y otra vez me gusta repasar en mi televisor la exposición de Graciana Peñafort ante la Corte Suprema. Esa argumentación sirvió para dejar en claro que la ley no apuntaba a nadie en particular sino que atendía los intereses del conjunto al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Hoy tenemos una Ley Constitucional y profundamente conocida por el Pueblo Argentino. Hoy podemos decir que somos un poco más iguales ante la ley, y como muchas veces ha señalado nuestra Presidenta, a partir de hoy vivimos en un país en que algunos que hasta ayer no lo tenían, disfrutan de un derecho, sin que nadie haya perdido nada que le corresponda.

Es un día de emoción y de alegría. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa y elijo a dos que representan a tantos. Uno es el diputado radical Ricardo Laferriere que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos del presidente Alfonsín un proyecto de ley sobre derecho a réplica. El otro, un docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, Néstor Tato Contissa, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley y hasta el último de sus días la defendió con la pasión peronista que lo caracterizaba.

Tenemos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se demoró, pero hace ya mucho que aprendimos que si a uno lo asiste la razón la única opción posible es el tiempo.
Fuente: Diario Miradas al Sur, 3-11-13

Mabel Maidana, Co coordinadora Comisión Nicolás Casullo
de Medios Audiovisuales en Carta Abierta.