Propuesta de los locutores profesionales, alumnos y docentes del Iser

Como todos saben se está discutiendo una nueva ley de Radiodifusión. Es probable que el proyecto oficial no contemple la regulación de la actividad de los LOCUTORES PROFESIONALES, con el argumento falaz de la pluralidad, que la profesionalidad no restringe, sino más bien, la restringen la falta de pautas publicitarias estatales, y la hiperconcentración de medios en poquísimos grupos. Los LOCUTORES PROFESIONALES estamos preocupados y estamos ocupándonos para garantizar nuestra fuente de trabajo. En la dirección infrascripta se puede acceder a un petitorio, cuyo texto es el siguiente:
Profesionalidad y Formación del Locutor

Para: Congreso de la Nación Argentina
POR UNA LEY QUE CONTEMPLE LA PROFESIONALIDAD DEL LOCUTOR Y PREVEA SU FORMACIÓN ACADEMICA LIBRE, GRATUITA Y DE EXCELENCIA
Los profesionales de la locución hacemos un llamado a los legisladores por el debate de la nueva Ley de Radiodifusión. Es necesario que los locutores contemos con una norma que contemple el registro, matriculación y capacitación de los profesionales que se desempeñan en los medios de comunicación. Que prevea la formación académica libre, gratuita y de excelencia acorde a los nuevas tecnologías y los desafíos de la época. Junto a la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES sostenemos la vigencia del Régimen de Habilitación de Locutores, asi como el acceso a estudios superiores cuyos contenidos sean dinámicos y motivadores.
El objetivo, claro, es juntar firmas en apoyo de nuestra petición de incorporar a la futura ley de radiodifusión la cláusula de registro y habilitación para nuestra matrícula profesional y el sostenimiento del régimen de habilitación vigente.
Pueden firmar locutores y no locutores. El nombre y apellido provistos en este formulario serán de acceso público. El número de documento y la dirección de correo electrónico permanecen ocultas y sólo estaran disponibles en el formulario final que se enviará al Congreso.

http://netgon.wufoo.com/forms/profesionalidad-y-formacian-del-locutor/

Gracias.... No sólo los locutores tenemos regulada nuestra actividad, también los operadores técnicos tienen su carnet habilitante, y los periodistas trabajan para lograr la regulación de su actividad.

10 Puntos para una Televisión de Calidad para niños,niñas y adolescentes

Los abajo firmantes, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la IV Cumbre Mundial de Medios para Niños y Adolescentes realizada en Río de Janeiro, Brasil, en abril de 2004, así como la V Cumbre Mundial, Johannesburgo, Sud África, 2006, solicitamos que la nueva Ley de Radiodifusión incluya un capitulo dedicado a la relación Televisión e Infancia que, adopte, entre otras, las siguientes propuestas básicas:
1. La programación general de la televisión argentina debe respetar estrictamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño -y, en particular los artículos referidos a la televisión- la cual tiene rango constitucional en el país.
2. La programación general de la televisión y, en particular la dirigida a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, debe respetar los enunciados de la “Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales” suscrita en la UNESCO, de la que la Argentina es signataria. La Convención entró en vigencia en 2007 y constituye el primer marco jurídico internacional y nacional en la materia.
3. Habilitar una franja de tres horas diarias de programación de calidad para niños, niñas y adolescentes, compuesta en un 60 por ciento por programación de producción nacional y un 40 por ciento por programas provenientes de distintos países del mundo, que den cuenta de la diversidad cultural.
4. Formular medidas o establecer cuotas dirigidas a diversificar los países de origen de la programación que se importa y las fuentes de producción local de la misma, como requisitos para la existencia de diversidad cultural y la participación de pluralidad de actores sociales, perspectivas y miradas.
5. Habilitar un canal de televisión abierta y gratuita, de carácter público, exclusivamente dirigido a los niños, niñas y adolescentes.
6. Crear un Fondo de Fomento Concursable para Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes.1
7. Constituir un Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, multidisciplinario y pluralista, integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes. El funcionamiento de este Consejo será reglamentado por la autoridad de aplicación de la Ley. El mismo tendrá entre sus funciones:
1. La elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes.
2. Establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios y, asimismo, señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos.
3. Seleccionar de manera ecuánime y con base en un modelo de evaluación a construir, los proyectos que se presenten al Fondo Concursable mencionado en 6.
4. Propiciar la realización de investigaciones y estudios sobre audiovisual e infancia y de programas de capacitación en la especialidad.
5. Apoyar a los concursos, premios y festivales de Cine, Video y Televisión para niños y los cursos, seminarios y actividades que aborden la relación entre Audiovisual e Infancia que se realizan en el país, así como los intercambios con otros festivales, eventos y centros de investigación con similares objetivos existentes en Iberoamérica y otros países, en el marco de los convenios sobre audiovisual y cooperación cultural suscritos y a suscribirse.
7. Promover una participación destacada de la Argentina en las Cumbres Mundiales de Medios para Niños y Adolescentes que se vienen realizando en distintos países del mundo de manera bianual y apoyar las acciones preparatorias que se realicen en el país a tal fin.
8. Formular un Plan de Acción para el Fortalecimiento de las Relaciones del Campo Audiovisual (cine, televisión, video, videojuegos, informática y otros medios y soportes que utilicen el lenguaje audiovisual), con la Cultura y la Educación. En este marco, habilitar un Programa de Formación en Recepción Critica de Medios y TICs 2 a fin de:
1. Contribuir a la capacitación y actualización de los docentes para una apropiación crítica y creativa del audiovisual y las TICs, en su carácter de campos de conocimiento y lenguajes crecientemente articulados entre sí.
2. Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación audiovisual de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos a las libertades de elección, de información y de expresión, en su calidad de ciudadanos y de públicos competentes de las obras audiovisuales nacionales, latinoamericanas y mundiales.
3. Apoyar la creación y el funcionamiento de Redes de Niños, Niñas y Adolescentes en las que ellos puedan generar acciones autónomas de análisis y creación de sus propios discursos audiovisuales e instancias de circulación de los mismos, como parte inescindible de su formación integral y de su condición de ciudadanos.
4. Aportar a la generación de condiciones de igualdad de oportunidades para el acceso a las informaciones, conocimientos, aptitudes y TICs que posibiliten la superación de la “brecha digital” y promuevan la inserción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la sociedad del conocimiento y el diálogo intercultural que ella reclama.
9. Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la televisión.
10. Establecer y concertar con los sectores concernidos, criterios básicos para los contenidos de los mensajes publicitarios, de modo de evitar que éstos tengan un impacto negativo en la infancia y la juventud, teniendo en cuenta que una de las principales formas de aprendizaje de los niños es imitar lo que ven.

Suscriben:
Asociación Civil las Otras Voces, Presidenta Silvia Bacher
Asociación Civil Nueva Mirada, Presidenta Susana Velleggia
Fund TV , Presidenta Sara Show de Critto
Signis Argentina, Presidenta Graciela Garzelli, Secretario Adrián Baccaro
SAVIAA (Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentinas) Secretaria General: Mercedes Viegas
CASACIDN
PERIODISMO SOCIAL
Cielo Salviolo
Buenos Aires, mayo de 2008

1 En Chile la creación de un fondo de estas características posibilitó incrementar notablemente la cantidad y calidad de la programación televisiva dirigida a los niños y adolescentes.
2 Estos programas existen en casi todos los países del mundo, en la mayor parte de los casos incorporados a la currícula de la Educación Formal (Gran Bretaña, Francia, Austria, Sud Africa, entre ellos) y/o mediante instancias de Educación no formal, ya sea a cargo de organismos públicos de cine o televisión y/o de ONGs. En América Latina, Brasil, Cuba, Chile y México vienen desarrollando diversos programas en la materia, tanto desde instituciones públicas como desde organizaciones de la sociedad. Las investigaciones realizadas al respecto permiten afirmar que la Argentina es uno de los países más atrasados del mundo en la materia.

Carta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática

Hoy 30 julio de 2008 entregamos la Carta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática a la Presidenta Cristina Fernández

Buenos Aires,30 julio de 2008

Sra. Presidenta de la NaciónDra. Cristina Fernández de Kirchner
De nuestra mayor consideración:
Es pública su decisión de presentar y dar un decisivo impulso a un proyecto de "Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales" que reemplace la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar. Celebramos esa decisión. Estamos dispuestos, desde las organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias que formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, a apoyar, acompañar y sostener el proyecto que Ud., con valentía institucional, se ha comprometido a impulsar, teniendo en cuenta los "21 puntos por el Derecho a la Comunicación". Como hemos afirmado reiteradamente, entendemos que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. Corresponde al Estado asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que los licenciatarios deben cumplir. Eso no es censura, es asegurar con políticas activas el Derecho a la Expresión, a la Información, a la Comunicación y la plena participación de todos los sectores en la vida ciudadana. Por estos principios, se torna imprescindible sustituir el vigente Decreto-Ley de Radiodifusión impuesto por la dictadura militar en 1980.
Con su decisión, el nuevo marco jurídico es hoy una posibilidad cercana, luego de los debates recorridos en 25 años de democracia, con participación amplia de sectores políticos y sociales. Desde 1987, con el Consejo de Consolidación de la Democracia al que el Presidente Raúl Alfonsín encomendó la redacción de una Ley de Radiodifusión, casi un centenar de proyectos fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores. Se han realizado audiencias públicas y hubo muchos debates parlamentarios en torno al tema. Todos esos debates deben ser recuperados en el Congreso para apresurar los tiempos de análisis del proyecto que será enviado por el Ejecutivo. Desde los sectores populares nos unimos a fines del 2003 para presentar una propuesta y formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Los gremios de la comunicación de la CGT y de la CTA, las Universidades nacionales, Organizaciones sociales, cooperativas y Organismos de Derechos Humanos logramos acordar los veintiún puntos por el Derecho a la Comunicación presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y entregados en aquel tiempo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.
En los últimos meses, desde que Usted nos recibiera el 16 de abril, hemos multiplicado los debates, seminarios, foros, mesas redondas, en los barrios, los sindicatos, las universidades, Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales. Ya se han expedido en apoyo a los "21 puntos" Legislaturas Provinciales, como Río Negro, Chaco y Santa Fe y numerosos Concejos Deliberantes. Recorrimos todas las provincias y llegamos a cientos de miles de personas a través de nuestros medios y los Medios Públicos. Creemos que ya es tiempo, en esta democracia, de multiplicar voces para garantizar los derechos de todos mediante una nueva Ley de radiodifusión o de Servicios de Comunicación audiovisuales. Entendemos que para avanzar en la línea de la redistribución de la riqueza y profundización de la democracia, que Usted ha señalado reiteradamente, urge el envío del proyecto a la brevedad para su debate parlamentario. Le reiteramos que las organizaciones sociales, sindicatos, universidades, pueblos originarios, organismos de derechos humanos que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estamos dispuestos a apoyar, acompañar, sostener, un proyecto basado en los "21 puntos por el Derecho a la Comunicación" que entregamos a Usted en la entrevista concedida en abril. Saludamos atentamente "
Hebe Bonafini, Asociación Madres de Plaza de Mayo " Estela Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo " Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz " Hugo Moyano, Secretario General y Julio Piumato, Secretario de Derechos Humanos, Confederación General del Trabajo, CGT, " Hugo Yasky, secretario General Central de Trabajadores Argentinos, CTA, " Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, Néstor Busso y Daniel Fosarolli " Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Gaston Chillier, Director Ejecutivo " Confederación Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación, COSITMECOS - CGT, Horacio Arreceygor " Asociación Argentina de Actores (AAA) - Norberto Gonzalo " Asociación Argentina de Trabajadores de las Radiocomunicaciones (AATRAC) - Jorge Soria " Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) - Gustavo Granero " Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA) - Enrique Marano " Sociedad Argentina de Locutores (SAL) - Enrique Pérez Nella " Sociedad Argentina de Músicos (SADEM) - José Alberto Giaimo " Sindicato Argentino de Televisión (SAT) - Horacio Arreceygor " Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) - Luis Colazo " Sindicato Único de Publicidad (SUP) - Vicente Álvarez " Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) - Miguel Paniagua " Federación de Trabajadores de la Comunicación, FETRACOM - CTA, Juan Carlos Giuliani " Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, CISPREN, Guido Dreizik, " Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona " Asociación de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena " Sindicato de Prensa de Mar del Plata, Roberto Ferro " Foro de Comunicación de Santa Fe, FOCOS " Asociación Radios de Universidades Nacionales, ARUNA, Omar Turconi, Presidente. " Confederación de Trabajadores de la Educación República Argentina, CTERA, Stella Maldonado y Francisco Nenna " Movimiento Libres del Sur, Humberto Tumini, Jorge Ceballos " Federación de Tierra y Vivienda, Walter Ferreiro " María C. Mata, Directora Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, Universidad Nacional de Córdoba " Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Alejandro Kaufman, Director; Julio Moyano, Secretario Académico, Santiago Castellano, Coordinador Técnico " Guillermo Mastrini, Profesor Políticas y Planificación de la Comunicación, Univ. Nac. Buenos Aires " Los 100, Asociación de Periodistas, Enrique Masllorens, " Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y la Comunicación " Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Segundo Luis Camuratti, Presidente, Edgardo Adrian Form, Gerente general, Roberto Gomez, " ARBIA, Asociación Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, Osvaldo Francés. " Federacion Argentina de Radiodifusores, Daniel Nievas, Fernando Tupac Amaru Brondo " Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos, WACC, Claudia Florentin y Marcela Gabioud, " Universidad Nacional de Córdoba, Miguel Rojo, Director de servicios Radio y TV U.N. Córdoba" Centro Nueva Tierra, Maria Pia Pawlowics, Presidenta" Dafne Plou, PARM LAC" Foro por una Comunicación Democrática y Popular, de la ciudad de Mar del Plata, " Sergio Salinas Porto " Cecilia Merchán - Diputada de la Nación" Victoria Donda Perez - Diputada de la Nación" Roberto Baigorria - Movimiento Barrios de Pie" Laura Berardo- Diputada Pcia. de Buenos Aires" Paula Sánchez - Diputada Pcia. de Neuquén." Héctor Romano - Diputado Pcia de Tucumán" Carlos Morello- Diputado Pcia. de Salta." Daniel Ezcurra - ISEPCI" Daniel Fossaroli - FM Aire Libre " Ángel José Gutiérrez - FM San Pedro de Colalao " Corina Duarte - FM Radio Estación Sur " Mario Farías - FM Sur " Néstor Busso - Radio Encuentro " Daniel Ríos - FM Radio Chalet " Magín Páez - FM Comunidad Angelelli " Gustavo García - FM Comunitaria Bajo Flores " Carlos Pelolli - FM Radio Libre - BA " Esteban Tedesco - FM De la Azotea " Javier Daruich - FM Frecuencia Zero " Miguel Vidal - FM Compartiendo " René Caiconte - FM La Voz Del Cerro " Nelson Belmar - FM La Mosquitera" Alfredo Bustamante - FM Libertad " Valeriano Mesa - FM Radio del Barrio" Danilo Martínez - FM Radio del Pueblo " Juan Carlos Figueredo - INCUPO " Jorge Aguayo - FM La Buena Noticia " Ambrosio Tripailaf - FM Che " Silvio Bocchicchio- FM Radioactiva" Hugo Pan - FM La Nueva " Hernán Oroná - FM Comunitaria San Pedro " Liliana Ledesma - FM Comunitaria del Sur " Eduardo Iriarte - FM Comunitaria Cuyum " José Luis Colligua - FM Newen Hue Che " Carmen Caitrus - FM Comunidad Carrilil " Raúl Bermúdez - FM Reconquista " Eduardo Pilquiñan - FM La Voz Del Sur" Roberto Arias - FM Pocahullo " Martín Iglesias - FM Ahijuna" Pedro Lanteri - AM La Voz de las Madres" Pedro Romo - FM Algarrobal" Silvio Méndez - FM Cualquiera" Martín Segura - FM De La Azotea" Gabriel Cena - FM De La Calle" Pedro Morales - FM Del Chenque" José Ulises López - FM Libertador" Mónica Gamboa - FM Popular" Francisco Morales- FM Por la hermandad de los Pueblos" Héctor Ortiz - FM Raíces" Eduardo Candreva - FM Futura" Juan Ramón Núñez - FM La Milagrosa" Diego Jaimes - FM La Posta" Alfredo Bustamante - FM Libertad" Claudia Giacobbe- FM Libre" Sivio Foscaldi - FM Milenio" Rubén Pérez - FM Radio Sin Dueño" Ariel Weinman - FM Radio Gráfica" Ramona Inzaurralde - FM Tinkunaku" Fernando Bustamante - Red de Comunicación Indígena" Mirna González - FM San Sebastián de las Ovejas" Luís Bazán- FM San Alfonso" Lautaro Capece AM Wajzugun

Libertad de los intereses antinacionales y antipopulares, para impedir que lo nacional y popular tenga medios de expresión. Esto es lo que se llama aquí libertad de prensa. Arturo Jauretche
"A.R.B.I.A - NUEVA LEY YA!!!"secretaria@arbia.org

Carta Abierta 2

Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.
En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.
No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de “el campo” para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre “dos sectores” equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.
No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente “marketing”.
Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.
Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países “serios”, así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.
Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta “libertad de prensa”. Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? “observatorios” que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.
Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, “la gente los elige todos los días” en una suerte de comicios “más directos” que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar “objetivamente” lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.
Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.
Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.
Por esto entendemos imprescindible:
- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.
- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.
- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.
- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.
- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.
- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.
- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.
Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.
De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.
Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la “libertad de prensa” reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.
Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.

Buenos aires, miércoles 4 de junio de 2008

Mapa Medios III

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Proyecto Ley Medios Audiovisuales

Proyecto de Ley de Radiodifusión, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para su tratamiento y sanción

POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA

Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2 .- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3 .- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4 .- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5 .- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6 .- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8 .- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9 .- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10 .- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11 .- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12 .- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13 .- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14 .- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15 .- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17 . La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19 . La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20 .- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21 . En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

FUNDAMENTOS

Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.